Santiago Beltrán. Abogado.
El Ministerio de Hacienda ha decidido meter mano en la caja de los ayuntamientos restándoles autonomía financiera, trasladando la competencia en la prestación de servicios de las corporaciones municipales a las Diputaciones. Sin embargo, dicha decisión no comporta, como parece que debería ser lo lógico, la eliminación de las competencias políticas. En pocas palabras, que se pretende dejar a los ayuntamientos de la mayoría de pueblos de España sin funciones ni competencias, sin que ello comporte, correlativamente, la supresión de los cargos políticos que las han venido ejerciendo, aunque no tengan nada que hacer a partir de ahora o se queden sin posibilidad de gestionar, vacíos como sepulcros blanqueados.
El instrumento que permite llegar a esta situación es tan simple como injusto. Se han inventado en el Ministerio, un parámetro, el coste estándar, que solo tiene en cuenta lo que vale la prestación de un servicio en función de cada uno de los habitantes de un municipio. Era lógico presuponer, por consiguiente, que el coste del servicio de basuras por habitante sería mucho más elevado en una población como Alfondeguilla, de apenas mil habitantes, que en ciudades como Castellón de la Plana, de casi doscientos mil. Si el único factor a tener en cuenta es la densidad poblacional en relación al monto total del coste del servicio público, y partimos que la referencia de eficiencia es la del más económico –siempre el de mayor población-, la inmensa mayoría de localidades de menos de cinco mil habitantes saldrán muy mal paradas, y terminarán por ser consideradas como ineficientes.
El resultado ha sido el esperado por el Ministro Montoro. El 92% de los pueblos de menos de cinco mil habitantes (5583) y el 60% de las localidades de entre cinco y veinte mil habitantes, son ineficientes, porque el coste estándar de los servicios que prestan es más caro que el de la media. Prácticamente, el incremento que dicho coste supone para los citados municipios es de tres veces superior al estándar
La consecuencia inmediata es la pérdida de competencias municipales -de una, de varias o de todas- y por tanto de la autonomía local de los municipios, a favor de las Diputaciones, que lógicamente deberán incrementar sus partidas presupuestarias y suponemos que demostrar su eficiencia. Sin embargo, resulta totalmente contradictorio que de las poblaciones calificadas como ineficientes, más del 82% de las mismas presentan superávit en sus cuentas. Es decir, que a pesar de que los servicios que prestan son más caros, su economía municipal se muestra solvente, lo cual supone, contradictoriamente, un ejemplo de gestión eficiente. Todo un galimatías, porque seguramente en la mayoría de los casos se castigará al ayuntamiento ahorrador y se premiará al que no lo es, por motivos de influencia y poder político. Me refiero claro está a esos municipios de más de veinte mil habitantes que dan y quitan el control de las propias Diputaciones –ahora beneficiadas-, que pueden presentar números rojos y no ser intervenidos por el Ministerio, la Autonomía o las Diputaciones.
Claro que, llegados a este punto, deberíamos reflexionar sobre una serie de preguntas que surgen de inmediato, sin que se pueda ofrecer una respuesta segura:
¿Supone este vaciamiento de competencias el inicio de un proceso de mayor calado, que concluya con la supresión de los ayuntamientos de los pueblos más pequeños?; ¿estamos frente a una forma sibilinamente trazada que permitirá eliminar miles de funcionarios, sin que se note?; ¿se calculará, a partir de ahora, el coste estándar en la prestación de servicios por parte de las Diputaciones, de forma que las que resulten ineficientes sean castigadas con la cesión de dichas competencias a la Comunidad Autónoma?; ¿ocurrirá lo mismo con las propias CCAA a favor del Estado?; ¿se suprimirán los cargos políticos (concejales y alcaldes) de aquellos Ayuntamientos sin competencias?; ¿perderán proximidad y eficiencia los propios servicios públicos al quedar centralizados en la capital provincial?; ¿están conformes los ciudadanos con estas medidas, que no le han sido propuestas ni planteadas, en las últimas elecciones municipales?; ¿estamos en el comienzo de un proceso centralizador de magnitudes comparables al acometido por Felipe V, en el siglo XVIII, y por tanto frente a un retroceso de varios siglos?.
Seguramente la respuesta a todas estas cuestiones no la obtendremos de inmediato, pero sirva la reflexión para ponernos en guardia frente a los acontecimientos venideros.
