La hostelería, el transporte, el turismo y el entretenimiento, entre otros, vienen registrando durante el último mes descensos del gasto de entre un 60% y un 100%
Castellón Información
El PIB de España podría caer alrededor de un 8,0% en 2020 como resultado de las medidas implementadas para frenar el contagio del coronavirus y de la incertidumbre generada por la pandemia. Tal ajuste ya está en marcha, como muestran distintos indicadores disponibles a la fecha. En todo caso, las previsiones se hacen en un entorno de elevada incertidumbre, sobre todo en relación con la duración de las restricciones impuestas y sobre su diferenciado impacto por sectores, que hacen posible escenarios alternat ivos más negativos. Este escenario asume que durante la segunda quincena de mayo comenzará una normalización gradual de la actividad económica. Ello unido a la recuperación que se espera de la economía mundial y a las políticas impulsadas por las instituciones europeas y el Gobierno de España, permitiría observar un rebote significativo a partir de la segunda mitad del año.
A este respecto, se prevé que el crecimiento del PIB podría llegar al 5,7%en 2021. En todo caso, no se espera que se alcance el nivel de actividad previo a la crisis hasta 2022, ya que la recuperación estará limitada por la elevada y persistente destrucción de empleo y por la exposición de la economía española a sectores que estarán especialmente afectados por las restricciones de movimiento y reunión. La elevada proporción de empresas pequeñas en el tejido productivo español y el alto peso del empleo temporal son vulnerabilidades adicionales.
La contracción de la actividad económica ha sido muy intensa, como lo muestran los datos de gasto con tarjetas de BBVA. Desde la segunda semana de marzo, coincidiendo con el inicio de varias de las medidas para restringir el movimiento y concentración de personas, se ha observado un deterioro importante de la actividad económica. Este ha sido especialmente significativo en los sectores de “consumo social”, principales afectados por las medidas de confinamiento. Así, la hostelería, el transporte, el turismo y el entretenimiento, entre otros, vienen registrando durante el último mes descensos del gasto de entre un 60% y un 100% respecto a la misma semana del año anterior. Por otro lado, la alimentación, algunos bienes y servicios sanitarios y ciertas compras por internet se han visto beneficiados por el entorno de elevada incertidumbre, además de por un cambio en los hábitos de consumo impulsado por el confinamiento. En todo caso, esto no evitará que cuando se conozcan los datos de consumo de los hogares del primer trimestre del año, se registre una contracción. Más allá del ajuste que se observa por el lado de la demanda, otros indicadores disponibles como la afiliación a la seguridad social durante el mes de marzo, la masiva utilización de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por parte de las empresas, o el consumo de electricidad muestran que la caída por el lado de la oferta está siendo significativa. Todo lo anterior apunta a que, a pesar de que la crisis empezó a finales del primer trimestre, el PIB podría haber disminuidoun 3% trimestral (12%en tasa anualizada), en ese periodo y que la evolución será más negativa en el segundo trimestre.
Hacia delante, la evolución de la economía española dependerá de la duración de las restricciones, del grado de impacto que estas tengan en los distintos sectores, del efecto de las políticas públicas implementadas y de la recuperación que se observe a nivel mundial. El confinamiento de la población enEspaña está teniendo éxito en reducir el contagio, y se espera que la presión que sufren los servicios médicos continúe disminuyendo durante las próximas semanas. Dada la evolución reciente y la experiencia de otros países que han adoptado antes este tipo de medidas, se asume que las restricciones s obre la economía podrían flexibilizarse de manera gradual a partir de la segunda quincena de mayo. En todo caso, España ha sufrido un confinamiento más estricto y de mayor duración que buena parte del resto de países europeos. Esto ha hecho que durante el periodo en el que todas las actividades no esenciales debieron cerrar, el porcentaje del empleo y del Valor Añadido Bruto afectado por las restricciones pudiera haber alcanzado hasta un 40% del total. Este número enmascara una heterogeneidad importante entre sectores, ya que en algunos relacionados con el “consumo social”, la actividad habría prácticamente desaparecido, mientras que en otros, como los que han sido clasificados como “esenciales”, y aquellos que pueden realizarse de manera remota, la capacidad de producción se habría mantenido elevada.
Una recesión global es inevitable, pero las actuaciones de política reducirán la contracción de la actividad y apoyarán una recuperación parcial en 2021. En la zona euro, se espera una disminución del PIB en 2020 del 5,2%. Las medidas adoptadas en Europa, tanto por el lado de la política monetaria como de la fiscal, deberían evitar efectos negativos más persistentes. A este respecto, es destacable el anuncio del BCE de establecer un nuevo programa de compra de activos durante la emergencia pandémica (PEPP), de un monto contundente (750.000 millones de euros), e introduciendo una gran flexibilidad en su uso. Además, el BCE ha anclado las expectativas de tipos de interés hacia delante y ha señalado que no tolerará ningún riesgo para la transmisión de la política monetaria dentro de la Eurozona. Finalmente, ha adoptado un amplio conjunto de medidas temporales para respaldar la liquidez de los bancos y ha dado flexibilidad a estos para evitar medidas procíclicas que puedan llevar a una restricción del crédito. En el frente fiscal, el estímulo en la Eurozona, después de agregar medidas específicas por país, podría alcanzar el 2% del PIB. A esto hay que añadir facilidades de liquidez de, al menos, un 13% del PIB de la UEM. Para este déficit adicional, la UEM ha relajado sus reglas fiscales, así como las de ayuda estatal. De manera más importante, el Eurogrupo ha acordado un plan de emergencia conjunto inmediato (4% del PIB de la UEM) y la necesidad de un programa de recuperación, aunque todavía existe incertidumbre acerca de cómo podría financiarse este impulso coordinado. Este plan será imprescindible para apuntalar la recuperación a nivel europeo, aumentar su simetría entre países -beneficiando, especialmente, a aquellos más afectados y/o con menor margen fiscal- y reforzar el proyecto europeo.
La caída de la actividad será históricamente intensa y la recuperación, significativa, pero la economía tardará en volver a los niveles de finales de 2019. Las estimaciones de BBVA Research apuntan a que el porcentaje del empleo afectado por las restricciones habría oscilado desde el 20% en la segunda quincena de marzo, hasta el 40% en la primera mitad de abril, cuando se habría permitido la actividad sólo en sectores esenciales y en aquellos que pudieran ejercer su trabajo a distancia. Esta caída en la capacidad utilizada de la economía, más el supuesto de mantenimiento del estado de alarma hasta la primera quincena de mayo y la previsión de una gradual flexibilización de las restricciones a partir de entonces, apuntaría a una disminución del PIB en el segundo trimestre del año que podría rondar el 15% frente al trimestre anterior, si bien la incertidumbre es muy elevada. A partir de ahí, se vería una recuperación de la actividad. Al levantamiento en las restricciones de oferta, se sumaría la demanda embalsada durante este período de incertidumbre, el impacto de las medidas de apoyo a los ingresos de los hogares y el repunte que pueda observarse en el comercio mundial.
En todo caso, la velocidad de salida de la economía española se verá restringida por dos características particulares. La primera es la elevada destrucción de empleo, mayor que en otros países, producto de la dependencia de la contratación temporal. Buena parte de la destrucción del empleo que se observó durante el mes de marzo tuvo su origen en la no renovación de contratos temporales: tres de cada diez contratos t enían, hasta finales de marzo, una duración de una semana o menos. La segunda es la elevada dependencia de sectores particularmente afectados por las restricciones. Aquí, cabe destacar el impacto sobre el sector turístico. Los ingresos relacionados con visitantes extranjeros rondaron el 6% del PIB en 2019 y el 63% de ellos se registró entre abril y septiembre. La gradualidad con la que se levantarán las restricciones y la situación que se pueda observar en los países de origen de estos turistas evitará una recuperación significativa del sector.
La incertidumbre sobre estas previsiones es especialmente elevada y el sesgo sobre ellas es, todavía, claramente a la baja. De particular importancia será la efectividad que pueda tener la estrategia de salida que plantee el Gobierno para limitar futuros brotes de contagio, al mismo tiempo que permita la normalización de la actividad económica. La incertidumbre sobre si será posible alcanzar ambos objetivos durante los próximos meses y la necesidad de priorizar la salud de la población suponen una presión importante para la producción. Dado lo anterior, cobra especial relevancia la magnitud y correcto diseño de las medidas que se puedan tomar ante escenarios donde la caída de la actividad sea más intensa o que dure más tiempo. A este respecto, el elevado nivel de endeudamiento con el que arranca el sector público supone un lastre que limita la acción paliativa de la política fiscal. Por ejemplo, el impulso a la demanda interna está siendo más agresivo en países que habían construido un espacio para ser utilizado precisamente en este tipo de escenarios. Más aún, es de esperar que incluso en un entorno donde buena parte de los anuncios realizados tiene un efecto temporal sobre las cuentas de las administraciones públicas, el déficit podría elevarse hasta casi el 11% del PIB y el endeudamiento, alcanzar alrededor del 115% del PIB en 2020. Esto podría limitar la capacidad de respuesta del Gobierno español si se requieren medidas de soporte adicionales. Por ello, es imprescindible avanzar en acuerdos que no dejen lugar a duda sobre el respaldo que el conjunto de los países de la zona euro dará a cada uno de sus integrantes en escenarios donde la priorización de la salud de la población pueda dar paso a un mayor deterioro de la actividad.
Las políticas de demanda no serán suficientes y es necesario un consenso amplio alrededor de medidas que ayuden a superar cuanto antes la emergencia sanitaria y la caída de la actividad. A diferencia de crisis económicas anteriores, esta no se produce exclusivamente por una deficiencia en la demanda, sino también por restricciones en la oferta. Esto hace que las políticas fiscal y monetaria tengan un impacto inferior al normal. Los estímulos, imprescindibles para contener el daño del cierre, sirven poco para incrementar el consumo en sectores que por ley se encuentran cerrados hoy o que pueden sufrir una reducción de la demanda en el futuro por motivos de precaución de los usuarios. Esto, además, impide que se produzcan efectos multiplicadores que puedan ampliar el alcance de las políticas implementadas. Como consecuencia, será imprescindible trabajar en extender el espacio disponible para aplicar este tipo de medidas, que tendrán que llegar en distintos momentos del tiempo de acuerdo a los planes de apertura y, sobre todo, en adoptar reformas que incrementen la capacidad de crecimiento de la economía. Aquí, es importante suavizar en el tiempo parte del inevitable esfuerzo fiscal que tendrá que hacerse en el futuro. Esto podría darse a través de una reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad durante los próximos años. Además, las medidas de apoyo al ingreso de las familias tendrán que seguir siendo dependientes de la situación de la persona que las reciba y compatibles con la participación en el mercado formal de trabajo y deberían ser evaluadas con frecuencia. Si es necesario un programa de inversión pública ambicioso, tendrá que venir acompañado de un sistema de evaluación de los costes y beneficios de dicho gasto. Las ayudas que se puedan otorgar al sector privado deberán ser transparentes y siempre buscar el mínimo impacto sobre el contribuyente. Al tiempo que se protege la supervivencia de las empresas para cuando se levante el confinamiento, se deberá poner atención a que las insolventes no acaparen los recursos que podrían ir hacia nuevos sectores y emprendimiento. Sería deseable favorecer el incremento del tamaño de las empresas, lo que las haría, en general, más resilientes, y más productivas. Asimismo, la crisis volverá a dejar evidencia de la desigualdad que genera el funcionamiento del mercado laboral y lo conveniente que sería incentivar la contratación indefinida. Las políticas activas y pasivas de empleo deberían modernizarse para garantizar que el aumento que necesariamente se producirá en el desempleo no se convierta en paro de largo plazo, con todo el coste social que ello supone. Las empresas necesitarán flexibilidad para ajustarse y asegurar su supervivencia. La respuesta a estos problemas no puede ser el encarecimiento permanente del despido, sino facilitar acuerdos dentro de la unidad productiva que puedan ayudar a mantener el empleo. La inversión necesitará de un entorno que la favorezca y dé certidumbre, sobre todo en sectores donde los cambios en la regulación la pueden estar desincentivando, como el inmobiliario. La realización de la actividad económica en un entorno de mayor seguridad sanitaria exige también avanzar en la transformación digital de las empresas y de la sociedad en general. Las nuevas tecnologías se han mostrado particularmente útiles no solo para mantener las actividades de algunos sectores y empresas, sino también para facilitar la movilidad de las personas minimizando los riesgos sanitarios, y para controlar y contener los brotes de contagio. La eficiencia de las administraciones públicas en estos frentes será fundamental para reducir, en la medida de lo posible, los impactos negativos de la perturbación de oferta que supondrá convivir con la Covid-19, al menos hasta que se disponga de una vacuna eficaz. En suma, los riesgos y los retos se han magnificado con esta crisis. La situación requiere de respuestas ambiciosas, bien dirigidas y evaluadas, y que sean respaldadas por una buena parte de la sociedad.
