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sábado, 4 de mayo de 2024 | Última actualización: 19:03

Vivir de la ayuda pública

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Santiago Beltrán. Abogado.

En Estados Unidos donde todo se investiga y analiza, y sobre todo se hacen encuestas de cualquier materia, por simple e intrascendente que parezca, han decidido estudiar hasta qué punto el mantenimiento de los subsidios por desempleo desincentivan la búsqueda de empleo, llegando a conclusiones muy reveladoras.

No persigue el estudio centrar la problemática en los perceptores de las ayudas públicas, culpabilizándolos y tratándoles de vagos, pero si en visualizar que es una realidad incontestable lo ilógico que resulta para los receptores de los subsidios trabajar si el aceptar un empleo supone menos ingresos a cambio de más esfuerzo. Y esa es la primera de las conclusiones: los beneficios de los programas de ‘gasto social’ son tan elevados que sus perceptores viven mejor del dinero público que de su propio trabajo.

Pero la cuestión, nada sencilla, resulta más preocupante si se comprueba que dichos beneficios, al estar exentos de impuestos, totalmente libres de cargas tributarias, suponen en la práctica que en 33 de los 50 Estados de la Unión, ser receptor de los programas de ayudas públicas es mucho más conveniente que tener un trabajo de ingresos bajos –unos 8 dólares por hora-. La situación  se acentúa aun más en diversos Estados, donde cobrar dicho subsidio supera el ingreso neto de un trabajo de 15, e incluso de 20 dólares por hora.

La contrapartida de entrar en la dinámica de vivir de las prestaciones sociales resulta evidente, porque supone cerrarse las puertas a la movilidad laboral, al punto que al menos el 24 por ciento de los acogidos a ellas son tratados de ‘pobres’, rebajándose considerablemente la confianza que merecen frente a los empleadores.

Por supuesto que el coste de los 126 programas contra la pobreza que contempla el Estado del Bienestar estadounidense supone un esfuerzo desmesurado para la nación, a cambio de nada, que además ha de ser mantenido y sufragado por el resto de contribuyentes, ya que los beneficiados no tienen que asumir carga fiscal alguna.

En Reino Unido se ha instalado el mismo debate, al punto que se ha impulsado una nueva norma presupuestaria para limitar el alcance de estas ayudas.

En nuestro país, por supuesto, el tema no solo no se trata, sino que resulta completamente tabú. Así, de los seis millones de desempleados, los que no perciben la prestación por desempleo, reciben el subsidio básico de 400 euros, mientras que las políticas activas de empleo son básicamente inexistentes. La situación de algunas regiones como Andalucía, la permisibilidad de las Administraciones públicas resulta insostenible, teniendo en cuenta que la cifra de desempleo supera el 30 por ciento de la población activa, y que el acogimiento a los PER y a los ERE, son moneda corriente en una gran mayoría de los trabajadores andaluces, que en consecuencia viven permanentemente de las ayudas sociales, mientras que los sindicatos y la propia Administración autonómica, están siendo investigados por corrupción, precisamente por beneficiarse de las mismas, ya que al parecer no son destinadas al uso al que les corresponde, y por el contrario, quedan en manos de quienes deberían contribuir a crear empleo y acabar con el paro congénito de la comunidad desde que gobierna el partido socialista.

Por tanto, podemos concluir que el estudio estadounidense, en el caso español, no solo se cumple en todos sus extremos, sino que encuentra aquí su paradigma más perfecto, puesto que no solo se ha desincentivado el trabajo, sino que la percepción de las ayudas va unido inseparablemente, en numerosas ocasiones, al voto por el partido en el poder, y supone una bolsa económica lo suficientemente importante para que la tentación de destinarlo a otros fines ilícitos sea muy poderosa y opere con una habitualidad impropia.

Se ve que en este país, hasta el refranero se ha olvidado, cuando nos dice que aunque solo sea por el mísero afán de descansar, debemos trabajar, y hemos pasado a convertir en virtud el descanso permanente y en derecho fundamental, la ayuda pública. Deben ser cosas del sublimado Estado del Bienestar que nos hemos dado entre todos.