José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
En julio de 2001 la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía firmó un convenio con el IFA (Instituto de Fomento Andaluz) en el que le transfería la gestión de los fondos de la famosa partida 31L, es decir, la destinada a ayudas socio laborales, dando visos de normalidad jurídica a lo que tenía que ser un procedimiento excepcional.
A partir de ahí la implicación de Chaves, Griñán y de Magdalena Álvarez, por responsabilidades varias en las Consejerías de Hacienda y al frente de la Junta de Andalucía.
En esencia, y así lo dijo el ex director general de trabajo, Manuel Guerrero, era un fondo de reptiles, del que se sacaba dinero a discreción .Recordemos que se hizo famoso el señor Guerrero por su sonrisa amplía cuando fue detenido y por el conocimiento que hubo sobre el destino que él daba a parte de los fondos distraídos: juergas y cocaína.
La 31L se convirtió en un fondo de reptiles de un modo sencillo y fácil ya que solo tuvieron que designarlas como transferencias financieras y no subvenciones, con lo que se eluden todos los controles previos que marca el procedimiento administrativo. Forzaron la máquina sobre una rendija de la normativa y supieron con habilidad aprovecharla.
Este sistema generó un enorme fraude, pues quienes tenían la obligación de gestionarlo adecuadamente los utilizaron en crear o reforzar redes de clientelismo, devolución de favores a amigos, familiares y conocidos -basta recordar la inclusión en el ERE de Mercasevilla de personas que jamás trabajaron allí-, así como cobro de comisiones por la cara y despilfarro por doquier.
Puede que en la intención originaria de sus creadores estuviera la pretensión loable, además de eludir los controles férreos sobre subvenciones públicas exigidas, de conseguir mayor agilidad y cierta flexibilidad que difícilmente iban a obtener por el procedimiento Administrativo reglado. Los gestores, los que se lo llevaron crudo, o al menos parte de ellos, ya están en prisión preventiva o imputados con fianzas, pero las responsabilidades de Chaves y Griñán están ahora por dilucidar.
Con independencia de la decisión del Tribunal Supremo, que de alguna forma les otorga un grado de garantía y criterio jurídico mayor al de otras instancias, ambos no deberían estar ya en política por pura responsabilidad, ya que si resulta que "no me enteré de nada", tienen que irse por ineptos, ya que parece ser que eran los únicos que no sabían de estas tropelías y si eran sabedores de alguna cosa, peor por consentirlas.
El clientelismo en política ha sido a lo largo de las últimas décadas labor a la que los partidos políticos le han dedicado recursos y esfuerzos, pues su rentabilidad ha resultado obvia, en unas regiones más que en otras y las urnas mandan, hay que cuidarlas, pero dentro de la ley y con límites, esas líneas rojas tan de moda.
Qué vergüenza, que atropello a la inteligencia de todos nosotros, en particular de sus congéneres andaluces al manifestar sin rubor ni recato, el pio pio, yo no fui.
