El juzgado de instrucción 4 de Castellón ha confirmado que tiene abiertas unas diligencias previas como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía contra Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación, y Francisco Martínez, ex vicepresidente, por supuesto delito de prevaricación relacionado con las entradas de la Corrida de la Beneficencia. La juez ha citado a declarar a Fabra y Martínez el próximo 17 de marzo, y la sesión de declaraciones se iniciará a las 10.00 horas.
El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, ha afirmado que “Compromís no se ha esperado a que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, nos rete a investigar supuestas irregularidades que puedan haberse producido en la Diputación, sino que llevamos muchos meses colaborando en la causa abierta por la Fiscalía y aportando documentación pública para determinar si ha habido supuestas irregularidades en el reparto y el pago de entradas de la Beneficencia”.
De hecho Nomdedéu, ha denunciado hoy que la Diputación destinó al pago de entradas de la Beneficencia dinero consignado a obras y servicios de pequeños municipios de los Planes de Obras y Servicios de la Diputación, departamento dirigido por el hasta ahora vicepresidente, Francisco Martínez.
Así lo constatan numerosos decretos de presidencia del 2011 y 2012 que detraen dinero para obras en pequeños municipios cuyos impuestos se recaudaban desde la Diputación pero cuyo importe no llegaba a cubrir el coste de las entradas supuestamente recibidas por dichos consistorios. “Desde Compromís ya denunciamos la arbitrariedad de quedarse con los tributos de municipios por unas entradas que, en muchos casos, no se habían justificado, como ocurrió en Vila-real”, explica Nomdedéu.
Sin embargo, un estudio detallado de las prácticas de la Corporación provincial constatarían que no sólo se restaría dinero de los tributos de dichos municipios, sino que, “precisamente en localidades muy pequeñas, con apenas presupuesto, la Diputación decidía cobrarse las entradas restando dinero de los Planes de Obras y Servicios destinados a dichos municipios”, denuncia Nomdedéu. “Consideramos escandaloso que unas entradas que en la mayoría de casos no se sabe quién recibió, se paguen con parte del dinero destinado al Plan de Obras y Servicios de la Diputación, es decir, con dinero destinado a todos los ciudadanos. Alguien debería dar explicaciones”.
Así ocurrió por ejemplo en Argelita, donde ante unas deudas por unas supuestas entradas de la Beneficencia de 2011, cuyo importe ascendía a 2.140 euros, y ante unos impuestos que sólo llegaban a 274,26 euros, la Diputación decidió cobrar la diferencia de las obras complementarias de los PPOYS 2011. Lo mismo ocurrió en Bejís, con una supuesta deuda de 1.080 euros en entradas, pero donde la Diputación sólo ingresó por impuestos 628,02 euros, La corporación provincial sacó la diferencia del importe destinado a una de las obras de los PPOYS.
Otro pequeño municipio de la provincia, Caudiel, sufrió también recortes en los PPOYS para pagar entradas de toros. En este caso, la recaudación por impuestos de la Diputación sólo ascendía a 1.400,48 euros, pero la deuda de las supuestas entradas sumaba 2.460 euros. De ahí, que la Corporación Provincial decidiese restar la diferencia de otra obra de los PPOYS. Lo mismo ocurrió ese mismo año en Cortes de Arenoso, que para pagar los 1.630 euros del precio de las entradas, y ante una recaudación de apenas 290 euros por impuestos de octubre, la Diputación restó la diferencia de otra obra complementaria de los PPOYS de ese año. La lista continúa con Villamalur, Catí y Rosell.
Devolución del importe
En el caso de Argelita, de hecho, la Diputación se cobró hasta 2.140 euros en entradas de 2009, 2010 y 2011 supuestamente facilitadas al Ayuntamiento. Sin embargo, el Ayuntamiento presentó una reclamación ante la Diputación y alegó que en 2009 no se había recibido ninguna entrada, ya que “no consta acreditado que las entradas de 2009 se entregasen al Ayuntamiento”. Por lo que la Escuela Taurina se vio obligada a devolver parte del importe, en concreto 480 euros.
Algo similar ocurrió en Oropesa, donde se tuvieron que devolver los 1.320 euros cobrados por la Diputación porque, según el consistorio, ya se habían liquidado anteriormente las deudas.
