Doménec Nàcher. Secretario técnico de Asaja Castellón.
¡Qué buena noticia! El sector agrario ha logrado el apoyo del Ministro en una reclamación histórica, a saber: la obligatoriedad de contratos de compraventa que garanticen el cobro de sus cosechas al tiempo que regulen las relaciones comerciales entre agricultores, ganaderos y agentes agroalimentarios.
El texto que ya ha logrado el paso previo del Consejo de Ministros y que se encuentra en periodo de enmiendas, no ha dejado indiferente a nadie. Primero la propia Comisión Nacional de la Competencia elaboró el pasado mes de noviembre un informe donde concluía la inconveniencia de la propia ley sobre las reglas del mercado agrario, aunque destacaba la necesidad de algún tipo de regulación para evitar que los agricultores y ganaderos se vean abocados a situaciones de abuso como hasta ahora. ¡Entonces cómo quedamos! ¿O regulamos el mercado o lo dejamos libre? La propia CNC no lo aclara, pese a que su informe resulta demoledor para la presente Ley.
Otra cuestión es la obligatoriedad del uso de contrato, no sólo en el campo, sino en toda la cadena. En este sentido la homologación y el control del uso de los contratos obligatorios dependerán directamente de las Interprofesionales, quienes establecerán mediante homologación debidamente publicada en el BOE, el modelo básico y obligatorio a utilizar en cada caso. Entonces; ¿Qué hacemos con Intercitrus? En la actualidad el sector que con más fuerza demanda la obligatoriedad de los contratos es el citrícola. Sin embargo, ha sido desde el propio sector desde donde nos hemos empeñado en dejarla en la UCI e incapaz, por tanto de acometer, no la homologación que en esto no habría demasiado problema, sino el propio seguimiento que garantice el uso del contrato. Sin un aparato administrativo la interprofesional se encuentra lejos de regular lo que la propuesta de Ley le otorga.
¿Y con las cooperativas? Hay voces que afirman que ellas quedan excluidas del presente texto por lo que se crea un agravio comparativo con el comercio privado. En este sentido conviene aclarar que quedan exentas de la presente Ley las cosechas y/o producciones procedentes de sus agricultores. Lógico, de hecho en la Ley de cooperativas la cosecha no pertenece a sus agricultores sino a su cooperativa y por tanto no se puede realizar contrato de suministro desde el campo hasta el almacén. Pero las cooperativas no quedan excluidas del resto de contratos y condiciones de venta que realizan a sus clientes, contratos que por otra parte, se encuentran regulados por la presente propuesta de Ley al igual que sucede con el resto de la cadena, aunque con previa homologación por parte de la Interprofesional.
Po otra parte, aquellas operaciones cuyo objeto sea la exportación o la comercialización fuera de nuestro país quedarán fuera del marco jurisdiccional y ya hay voces contrarias que temen estar sometidos a la regulación de los contratos obligatorios con sus proveedores y no tener la misma seguridad con el cobro de sus clientes. A estas voces les confieso que comprendo su preocupación, ahora bien, ahora estarán en mejor disposición que nunca para comprender el desamparo a que son sometidos sus proveedores hasta le fecha. Debo revelar que tampoco me parece justo descargar en ellos la responsabilidad de lo sucedido hasta el momento, cuando los operadores están en manos de las cadenas de distribución que hacen y deshacen a su antojo, no todas evidentemente, pero no hay más que preguntar a nuestros operadores (tanto comercios como cooperativas) para darse cuenta de cómo funcionan. De hecho, el presente texto de la Ley también acaba obligando a las transacciones con las cadenas de distribución que operan en España con productos agroalimentarios españoles; por lo que ya han lanzado un grito en el cielo manifestando su oposición frontal a todo el contenido de la Ley y exigen un cambio que descafeíne las consecuencias de la misma con lo que a ellas respecta. De tal modo molesta el presente contenido que al objeto de iniciar una negociación con fuerza ya amenazan con comercializar productos foráneos y no sometidos a la presente propuesta, con la intención de forzar posiciones de regulación más flexibles a su favor. En este sentido, mes atrevo a aconsejarles que no inicien guerras estériles que deriven en boicots, porque ya se ha demostrado que sus clientes empatizan más con los agricultores españoles.
Todavía nos queda mucha negociación para el texto final de la Ley, que el propio Ministro ha manifestado su firme voluntad de ponerla en marcha antes de finales del próximo verano, aunque su aplicación puede verse enturbiada por la incapacidad de las interprofesionales al no tener el personal suficiente para garantizar el buen funcionamiento de las funciones que le atribuye la propia ley.
