Los políticos municipales coinciden en el fondo, pero no en la forma; ni la moción ni las declaraciones institucionales llegarán a pleno
El Ayuntamiento de Castellón no dará nuevas licencias para la instalación de casas de apuestas cerca de los centros educativos, pero no puede suprimir las que ya hay. Tensión en la Junta de Portavoces donde tanto Compromís como PSOE han incidido en este tema. Al final, ni la moción ni la declaración institucional llegarán al pleno del jueves.
Junta de Portavoces con una gran dosis de tensión en el Ayuntamiento de Castellón, para establecer las líneas básicas del próximo pleno municipal, previsto para el 21 de diciembre.
Casas de apuestas cerca de los colegios
Uno de los temas más polémicos ha sido el que hace referencia a la limitación de licencias para las casas de apuestas, y su alejamiento de los centros educativos.
No es un tema nuevo en el ayuntamiento; y, de hecho, en su momento, hasta el PP aprobó una propuesta semejante. Sin embargo, ahora las cosas no son tan fáciles. Tal como indicaba el concejal Sergio Toledo, La Generalitat Valenciana intentó legislar en este sentido. Pero “El TSJCV anuló el 19 de enero del 2022 la modificación de la norma que establecía una distancia mínima de 700 metros entre los establecimientos y cerrar los locales que habían obtenido la autorización supondría hasta 420 millones en indemnizaciones en la Comunitat Valenciana y la pérdida de miles de puestos de trabajo”.
Con este precedente, indicaba Sergio Toledo, el ayuntamiento no tiene intención de dar nuevas licencias de actividad par casas de juegos o apuestas cerca de los centros educativos, “Somos completamente sensibles con la importancia de frenar la ludopatía en la adolescencia y la necesidad de evitar que nuestros jóvenes tengan a su alcance este tipo de servicios”. Pero tras el fallo del TSJ, indicaba el concejal, no puede apoyar una moción, que no cumple el reglamento municipal, porque no es competencia municipal; ni dar apoyo a la declaración institucional propuesta por Compromís y PSOE.
Al final, ninguna de las declaraciones institucionales, presentadas por la oposición, han superado el veto de alguno de los integrantes de la junta de Portavoces, por lo que ninguna de ellas llegará a pleno.
Lo que, si se verá en la sesión del jueves, es una moción presentada por Compromís en materia de vivienda sociales, que dará lugar a debate.
Casi dos millones de euros en REC
El pleno deberá aprobar, además, son Reconocimientos Extrajudiciales de crédito (REC) que han pasado por Junta de Gobierno Local extraordinaria esta mañana, y que suman la friolera de 642.781,73 euros y 1.268.257.36 euros.
Esto es, pago de facturas que no están respaldadas por contratos ni convenios y por tanto incumplen el reglamento administrativo. En este apartado habrá debate. El tema no es para menos, porque una de las acusaciones que siempre se han cruzado los grupos políticos en gobierno y oposición es, precisamente, la falta de planificación por contratos no renovados o caducados, o gastos no previstos, pero necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales. El voto final será de aprobación, porque los proveedores deben cobrar, pero no sin que antes unos y otros se acusen de no haber realizado una planificación adecuada.
Paralización de licencias de gasolineras en suelo residencial
Con todo uno de los temas que más juego darán en el próximo pleno, para el que también se ha solicitado debate, es la paralización de licencias para la instalación de gasolineras en el casco urbano residencial de Castellón.
Ojo, habrá debate, aunque todos los grupos comparten también el fondo de la cuestión.
Lo comparten, porque ya todos ellos aprobaron en el último pleno la negativa municipal a permitir la instalación de nuevas gasolineras dentro del casco urbano, como la solicitada y denegada en la confluencia de las calles Villavieja y Pintor Carbó en Rafalafena.
Pero habrá debate, porque gobierno y oposición se tiran los trastos a la cabeza por cómo surgió aquella petición de licencia, el quien puso más y el quien tuvo la culpa.
Para entenderse: la oposición estima que el gobierno se ‘comportó muy mal’ con la oposición del antiguo Fadrell, al culparlos de todo porque la solicitud de compatibilidad para la nueva gasolinera se presentó el 23 de mayo, antes de las elecciones, y sobre la base del nuevo Plan General de Ordenación Pormenorizada, que también se aprobó en la anterior legislatura.
Pero, pero, pero, entienden a su vez, que el informe de compatibilidad se firmó ya con PP y VOX en el gobierno, en el mes de julio, y nada dijeron entonces a la oposición.
¿Qué tiene que ver esto con la medida que se lleva a pleno para su aprobación? Pues nada. Pero todo sea por debatir.
La medida que deberá respaldar la corporación, lo que hace es aprobar una moratoria de dos años en los que no se podrán otorgar licencias para nuevas gasolineras en suelo residencial. Ese tiempo será utilizado para analizar con detalle el Plan General de Castellón, recién aprobado.
Y es que, con el nuevo planeamiento pudieron quedar solares en suelo residencial donde no estaría expresamente rechazada la instalación de actividades de distribución de combustible. El Ayuntamiento quiere incluir expresamente esa prohibición y, para ello, podría iniciar una modificación de Plan General.
