Todo apunta a que se están dando los últimos pasos para cerrar uno de los múltiples capítulos de sentencias urbanísticas que azotaron la pasada legislatura al Ayuntamiento de Vila-real. Si todo va según lo previsto en breve el Consistorio podría llegar a un acuerdo con los propietarios del suelo de la futura EOI, que fueron expropiados por poco más de 100.000 euros, y cuya sentencia obliga al municipio a indemnizarles con 1,2 millones de euros más intereses. Las negociaciones están avanzadas y quedaría cerrar el tema de los intereses y quién se haría cargo
Clara Parra Roncero/Castellón Información
Un buen listado de decisiones judiciales, conocidas durante la anterior etapa del gobierno del cuatripartito, han supuesto poner contra las cuerdas, según fuentes municipales, a las arcas públicas en más de una ocasión. Una situación que ha obligado a hacer verdaderos malabarismos e intentar acuerdos con los demandantes para intentar sobrellevar la carga que estas decisiones suponen para las arcas públicas.
Prueba de ello son las reuniones que el propio alcalde, José Benlloch, ha mantenido con varios afectados como los propietarios de los terrenos de la Escuela Oficial de Idiomas quienes decidieron llevar a los tribunales al Ayuntamiento al considerar insuficiente el pago de 105.000 euros, que el ejecutivo del ex alcalde Rubert les hizo por sus terrenos, para construir esta nueve sede del organismo oficial en la localidad.
El Tribunal Constitucional dio la razón a los vecinos y el municipio fue condenado a pagar 1,2 millones de euros por esas expropiaciones donde, por cierto, desde entonces únicamente el gobierno popular de entonces anunció su próxima construcción, por parte de la Generalitat, y colocó una valla informativa. El gobierno autonómico nunca la presupuestó ni se acordó del compromiso.
Ahora, y tras recordar el actual alcalde, José Benlloch, que las sentencias “se tienen que pagar sí o sí”, todo apunta a que el acuerdo entre ambas partes sería inminente por lo que los propietarios cobrarían 830.000 euros, en principio durante el año, ya que recibieron 300.000 euros a finales de año, y quedaría pendiente cerrar el tema de intereses.
Unos intereses, que según cálculos del primer edil, podrían rondar los 160.000 euros y que ahora faltaría determinar quién los debería pagar y en qué partes, en referencia al propio Consistorio y al Estado.
“Hay muy buena sintonía y yo creo que podemos solucionar esta cuestión en breve. Existe voluntad por ambas partes tanto en este caso como en otros parecidos”, ha señalado el primer edil.
