El portavoz de Compromís, Josep Lluís Romero, ha pedido explicaciones y responsabilidades al grupo municipal
Castellón Información
El portavoz adjunto de Compromís Josep Lluís Romero, ha pedido explicaciones y responsabilidades al PP de Oropesa en la propuesta que ha presentado al Pleno de esta mañana para proceder a la resolución del PAI UE 1 del sector R5 A de Amplàries. Resulta increíble que pidamos a Marina d'Or (ahora Comervi) "... que proceda al cambio de aval, y presente un aval que cumpla con los requisitos previstos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas y en el Reglamento General de la Ley de Caja General de Depósitos, y que se encuentre inscrito en el registro de entidades del Banco de España".
Al no poder ejecutar el actual aval presentado en el consistorio por parte del servicio de recaudación municipal en la cantidad de 1.219.241 euros, "¿cómo es posible que tengamos un aval y no lo podamos ejecutar?" cuestiona Romero "teniendo en cuenta que Comervi está en concurso de acreedores, va a ser muy difícil que podamos tener y ejecutar el aval y lo van a tener que pagar los vecinos/nas de Oropesa con sus impuestos".
Romero también ha criticado el informe del ingeniero municipal del PAI UE 1 del sector R5 A en el que manifiesta: "el agente urbanizador no ha realizado la obra de urbanización pendiente en el proyecto, ni tampoco ha presentado la documentación requerida para poder tramitar el proyecto modificado, por lo que se considera que el proyecto modificado no está aprobado y sigue en vigor el proyecto original de urbanización; por tanto, según los precios unitarios de las unidades de obra del projecto aprobado, la valoración económica solicitada de las obras pendientes por ejecutar o que no cumplen las características y calidades especificas del proyecto aprobado ascienden aproximadamente a 4.036.983 euros IVA incluido".
Una afirmación que para Romero "deja en ridículo a todo el departamento de urbanismo que no puede controlar la ejecución de un PAI y deja que se ejecuten obras que no están prevista inicialmente. Aparte de ser una gestión lamentable han creado un prejuicio de 4 millones de euros que tendrán que pagar los vecinos, que no son culpables, y que tendrán que pagar con sus impuestos debido a la mala gestión del PP."
Romero ha denunciado que esta situación se ha producido por las ilegalidades del PP que dio licencias de obras con el siguiente condicionante: "Deberá presentar compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble. Dicho compromiso deberá hacer constar en las escrituras de declaración de obra nueva en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban de acuerdo con el artículo 73.2 de la LRAU". Esta situación, que no hubiera podido producirse si el gobierno municipal del PP hubiere denegando las cédulas de habitabilidad en tanto hubiera finalizado completamente la obra de urbanización en condiciones.
