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jueves, 28 de marzo de 2024 | Última actualización: 17:10

Ayuntamientos y diputaciones tendrán que correr con los gastos de la ‘cesión’ de sus remanentes al Gobierno

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Abierto el plazo para la incautación de los ahorros de ayuntamientos y diputaciones pese a las protestas recibidas  

Los ayuntamientos y diputaciones que ‘cedan’ sus remanentes al Gobierno habrán de asumir, además, el coste financiero de la operaciónEl 'ahorro' de las entidades locales, de 70 millones de euros que defiende el Gobierno podría no ser correcta, porque se realiza ‘a bulto’, sin contemplar los acuerdos bancarios de cada entidad; las amortizaciones a 10 y 15 años son irrisorias y el Gobierno ya ha marcado el plazo para la incautación del dinero de los vecinos, sin atender a las protestas generadas por todos los partidos.

Esperanza Molina/Castellón Información

El BOE ha publicado las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales. Es decir, cómo y de qué manera se regulará la cesión ‘voluntaria’ de los remanentes de las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, al Estado, según el acuerdo que aprobó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado 3 de agosto (solo con los votos del PSOE y gracias al voto de calidad del presidente, del PSOE), y de qué manera se realizará la devolución de este dinero ‘a plazo fijo’ a las mismas entidades locales.

Y esas condiciones, lejos de aportar confianza a las entidades locales, añade mucha más leña al fuego.

En términos generales y según el acuerdo de la FEMP, convertido ya en dos reales decretos del Gobierno: los ayuntamientos y diputaciones acumulan remanentes de tesorería que superarían los 14.000 millones de euros, pero que, con la aplicación de la Ley Montoro no pueden gastar. No los pueden utilizar porque no computan como ingresos en la misma anualidad (son sobrantes de ejercicios anteriores) y por lo tanto, no pueden figurar en la partida de gasto para atender a las necesidades de estas entidades locales que ahora los necesitan más que nunca.

La generosa oferta del Gobierno

La generosa oferta del Gobierno, abalada por los representantes del PSOE en la FEMP consiste en: que esas entidades locales los cedan ‘por solidaridad y voluntariamente’ al Gobierno de España, como un préstamo a 10 o 15 años.

A cambio, siempre según la interpretación del Gobierno, las entidades locales ‘se ahorrarán’ los gastos bancarios, calculados en 70 millones de euros, que pagan estas entidades por tener el dinero inmovilizado, pero recibirán, primero un fondo de 5.000 millones de euros del Gobierno, repartido proporcionalmente, que computará como ingreso y por tanto podrán gastar, pero solo en los apartados indicados por el Gobierno como instalaciones para coches eléctricos, igualdad, o caminos bici.

El ‘préstamo’ de las entidades locales al Gobierno se amortizará en 10 o 15 años, a razón de un ‘interés fijo’ que en ningún caso podrá superar los dos puntos.

Pero además, son las entidades locales las que correrán también con los gastos de oficialización del préstamo que conlleve la creación de una cuenta bancaria para su depósito. Por tanto, si el ‘préstamo voluntario’ es a 10 años, “devengarán un tipo de interés fijo negativo anual del -0,172% menos las comisiones y gastos asociados que finalmente resulten. Por lo tanto, el tipo de interés que devenguen estos préstamos será como mínimo del -0,192% anual”

Y si el préstamo fuera a 15 años, “devengarán un tipo de interés fijo anual del 0,070% menos las comisiones y gastos asociados que finalmente resulten. Por lo tanto, el tipo de interés que devenguen estos préstamos será como mínimo del 0,050% anual”.

BOE 110820 interes prestamos entidades locales

Y de la misma manera, los ayuntamientos y diputaciones tampoco podrán utilizar ese dinero de amortización anual más que para los fines ya establecidos por el Gobierno para realizar sus propias políticas de gasto. Es lo que algunos han descrito como “invito y pagas tu” o que el Gobierno pueda presumir de “invertir en lo que políticamente le interesa a costa del dinero de ayuntamientos y diputaciones”

Todos estos detalles están recogidos en el Real Decreto publicado por el BOE, del que el Gobierno informa “de forma parcial” en un comunicado, y asegurando además, que será el Gobierno el que asuma los gastos financieros de la operación, cuando el texto legal indica justamente lo contrario.

Boe 110820 condiciones financieras prestamo al Gobierno

Y eso es solo el principio de un juego más que leonino, porque el Gobierno tiene prisa por hacerse con estos remanentes, por lo cual serán los presidentes de las entidades locales (ayuntamientos o diputaciones) los deberán confirmar antes del 15 de septiembre su compromiso oficial por escrito de ceder todos sus ahorros y hacer efectivo el traspaso, de una sola vez, entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre, además de aceptar por principio todas las condiciones impuestas, sin posibilidad de amortización anticipada.

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De la modificación de la Ley Montoro a utilizarla para incautarse de remanentes

Para empezar, indicaban estos presidentes de corporaciones locales, lo que las entidades locales llevan pidiendo desde hace años, es que se modifique o se suprima la ‘Ley Montoro’. Es decir, que se permita a ayuntamientos y diputaciones poder utilizar el ahorro de sus vecinos para hacer frente a la crisis económica y sanitaria de la pandemia en estos momentos, que es cuando más lo necesitan.

Ni la directiva de la FEMP (del PSOE), ni el Gobierno de España, han tomado en cuanta esta petición. Se dedican a aplicar más que nunca la Ley Montoro pero, además, en base a esta excusa (porque fue una ley del PP), a incautarse de los ahorros de las entidades locales.

Cesiones voluntarias "con chantaje"

Por otra parte, tampoco son ‘cesiones voluntarias’, señalaban las mismas fuentes, porque media un chantaje de por medio. Si no se ceden los remanentes al Gobierno no se permite el gasto para las necesidades extraordinarias de las entidades locales, pero además, indicaban “se nos amenaza con no tener acceso ni a fondos europeos ni a ninguna otra concesión de carácter estatal”.

70 millones de ahorro calculados 'a bulto' y con poca base real

Expertos en economía dudan también, que el cálculo de los 70 millones que se ahorrarían los ayuntamientos por mantener sus remanentes inmovilizados sea real. El cálculo está realizado ‘a bulto’ en función de las normativas del Banco Central Europeo, es cierto, pero tanto empresas como corporaciones tienen sus propios ‘acuerdos con los bancos’, que se traduce en años de carencia o rebaja de intereses, por lo que posiblemente los 70 millones de ahorro no sean reales.

La previsión de ingresos sobre el alambre

Además, hay otros elementos sobre la mesa. Como, por ejemplo, el Gobierno quiere el dinero ya, entre el 16 de setiembre y el 31 de diciembre, cuando hay muchas entidades locales que no saben siquiera lo que van a ingresar este año. La crisis de la Covid ha obligado a muchas instituciones a retrasar el cobro de impuestos y se sabe ya, porque se sabe, que va a haber muchos contribuyentes que posiblemente no puedan hacer frente al pago de sus recibos, “porque llenan las colas de asistencia social y entre pagar y comer, primero está el comer”.

Luego, por encima de todas las promesas de la FEMP y del Gobierno, si finalmente se mantiene la regla de gasto de que solo se puede gastar lo que se haya ingresado y bajan los ingresos, ayuntamientos y diputaciones se van a encontrar con una crisis financiera enorme y sin recursos a los que poder echar mano.

Finalmente está el tema de la autonomía municipal y de la legitimidad de esos fondos, cuyos verdaderos propietarios son los vecinos de las instituciones locales. Y es que, como comentaban, la Ley Montoro tenía su razón de ser para sanear las cuentas de las entidades locales, pero no para que los ayuntamientos y diputaciones que cumplieron con lo que se les pedía, sean castigados ahora y obligados a ceder el dinero de sus vecinos para que el Gobierno cumpla con sus políticas porque ha gastado lo que no tenía.

En cuanto a los intereses y los pagos anuales, los mismos ayuntamientos y diputaciones, han señalado que parece una burla grotesca, y lo que piden es poder invertir el dinero de sus vecinos en las necesidades de sus vecinos.

También ha sorprendido la rapidez con la que el Gobierno ha hecho suyo el ‘acuerdo con la FEMP’, y su ejecución. Para muchas de las fuentes consultadas por este periódico, el decreto, a mediados de agosto, tiene toda la pinta de estar redactado “con cierta alevosía”, para evitar reacciones negativas, y sin dar tiempo que los ayuntamientos y diputaciones de todos los partidos que ahora se oponen a ceder sus remanentes, puedan manifestarse en contra.

Hecha la ley, hecha la trampa

En lo que concierne a este tema, llama la atención que, precisamente, muchos ayuntamientos de signo socialista se hayan apresurado a destinar todos sus remanentes en amortización de deuda, “para evitar que se lo quede el Gobierno”, o que haya entidades locales de signo socialista, que gastan sus remanentes en amortizar deuda (de esa forma no pueden cederlos) pero piden préstamos a los bancos¿Es una forma de quedar bien con el partido sin tener que ceder el dinero de sus vecinos?