La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha mostrado su satisfacción por el "ingente" trabajo de su departamento para que los profesionales estuviesen preparados ante la entrada en vigor de la ley y también por la implicación y el esfuerzo realizado por las trabajadoras y trabajadores de las entidades locales.
Oltra ha asegurado que la Conselleria ha actuado con "eficacia y previsión" y ha destacado la "capacidad de adelantarse a las necesidades", al mismo tiempo que ha resaltado el trabajo de los servicios sociales municipales, "reforzado en estos dos últimos años gracias al apoyo logístico y financiero de la Generalitat".
Al respecto, ha subrayado que, desde 2015, se ha realizado un incremento progresivo de financiación municipal para "constituir una red de mayor proximidad a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana, garantizando el acceso a prestaciones básicas a las que tienen derecho y que son garantía de la necesaria cohesión social".
Para agilizar todo el proceso, además de las mejoras e inversiones realizadas para reforzar los equipos sociales municipales en los últimos años, la Conselleria de Igualdad cuenta este año con una partida de más de 6 millones de euros en la provincia de Castellón que permite a los ayuntamientos castellonenses contratar a 231 profesionales este año.
Oltra ha recordado que, ante la entrada en vigor de la nueva ley, su departamento elaboró un "tenaz e intenso" proceso formativo en tres fases para que todos los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana adquiriesen los conocimientos necesarios sobre la nueva norma, los procedimientos administrativos y la aplicación informática creada para su gestión.
Precisamente, ha asegurado Oltra, el procedimiento administrativo para percibir la renta valenciana de inclusión, se rige por criterios de "simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática".
Según ha explicado la vicepresidenta del Consell, en la primera fase de formación, que finalizó el 20 de marzo, participaron 60 personas de la provincia de Castellón. Se trataba de jornadas informativas para municipios celebradas en las tres capitales de provincia, centradas tanto en las novedades de la nueva normativa como en el reglamento que la desarrolla. La segunda fase formativa se ha desarrollado del 26 de marzo al 30 de abril en 5 cursos, con sesiones específicas en la provincia y en la que se ha formado a 141 profesionales más.
En estas sesiones, la Conselleria ha facilitado formación técnica y personalizada en exclusiva para el personal de los municipios y mancomunidades, sobre aspectos concretos y procedimientos para la ejecución y puesta en marcha de la nueva prestación contemplada en la ley.
Oltra ha manifestado que este tipo de formación más técnica y personalizada se mantendrá "el tiempo que se estime necesario", de manera que si hay nuevas incorporaciones al equipo de servicios sociales, si necesitan reforzar los conocimientos o repetir esta formación en algún caso, tendrán la posibilidad de hacerlo, previa petición a la Dirección General de Inclusión Social, que coordina esta formación.
De hecho, ha señalado la Conselleria prevé realizar dos sesiones más de repesca el 28 y 31 de mayo para personal municipal pendiente de formar. En la tercera fase, la Conselleria tiene la intención de incorporar en el segundo semestre del año, cursos formativos del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) a través del plan interadministrativo, sobre la gestión en la aplicación técnica de la ley.
Nueva prestación de renta
La nueva prestación de renta incluye mejoras respecto a la anterior, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.
Establece también un conjunto de complementos para la valoración específica en el acceso a recursos, como las ayudas de emergencia social, la vivienda social, la obtención de ayudas escolares, como plaza en la escuela infantil pública así como becas de comedor o de transporte. Además incluye novedades significativas como la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, el que solo sea necesario un año de empadronamiento y exigir únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma.
Respecto al importe de la prestación, con la nueva ley será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 706,46 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 643,91 euros y 883,08 euros respectivamente.
