Jorge Fuentes. Embajador de España.
Es muy importante que los historiadores, los políticos de la oposición, los periodistas y los ciudadanos en general vayamos tomando nota de las decisiones del gobierno, no solo para decidir el sentido de nuestro voto cuando lleguen las próximas elecciones, sino también para exigir la rectificación de las resoluciones gubernamentales que consideremos erróneas.
Si revisamos algunos de los disparates iniciales del presente gobierno, veremos que están ya asumidos o han caído en el olvido; recordemos los puestos políticos de primera magnitud desempeñados por matrimonios o parejas de hecho, tales como los tándems Iglesias-Montero, Batet-Campo, Delgado-Garzón etc. O también la colocación a dedo de familiares o amigos en puestos bien remunerados, sin que tuvieran los nominados, la preparación requerida, como es el caso de la esposa del presidente o los amigos de éste. Incluso a escala menor, la utilización de los bienes patrimonio del estado para disfrutar de vacaciones la familia del presidente y sus amigos del alma. O la utilización de aviones y helicópteros para fines privados. Todo ello se mueve entre el nepotismo y el abuso de poder.
La vicepresidenta Calvo es una fuente inagotable de pensamientos disparatados, como cuando propuso que la RAE corrigiera la Constitución desde el punto de vista lingüístico de género. O cuando afirmó que el dinero público no es de nadie. O que hay asuntos que a nadie importan en España, como por ejemplo, los problemas de Venezuela. De superior envergadura y gravedad son las afirmaciones y decisiones de la Ministra Celaá, quien dijo que los hijos no pertenecen a sus padres y por ende, estos no tienen nada que opinar sobre la educación de sus retoños.
Muy desafortunado estuvo el ministro Ábalos cuando dio hasta siete versiones diferentes sobre el paseo de la vicepresidente venezolana por el aeropuerto de Madrid, un lugar al que tenía prohibido el acceso por mandato expreso de la Unión Europea. Todo ello empieza a sonar viejuno al haber surgido otras pifias o corruptelas que están de rabiosa actualidad pero que, de no ponerles remedio, pronto pueden caer en el olvido, particularmente porque la declaración del estado de alarma por un periodo nada menos que de seis meses, va a adormecer la vida parlamentaria exculpando al señor Sánchez de tener que molestarse cada quince días en dar explicaciones, como manda la Constitución, sobre la pandemia.
Desde que se declaró la nueva alarma, la ministra Celaá ha conseguido pasar por los pelos una ley que puede tener como consecuencia el cierre de los colegios concertados y los centros de enseñanza especial, lo que significa que las familias tendrán que optar entre la enseñanza pública o la muy costosa privada. Y que miles de niños con deficiencias mentales tendrán que integrarse en la enseñanza ordinaria con las catastróficas consecuencias que ello conllevará para todos los alumnos, sanos o deficientes.
También se ha aceptado que la lengua castellana deje de ser, oficialmente, el idioma vehicular obligatorio en toda España, algo que de hecho ya ocurría en varias regiones del país pero que ahora va a imponerse por ley. Si ya hoy el español crece en el mundo entero pero se encoge en nuestro país, donde cada vez se habla menos y peor, imaginen lo que va a ocurrir a partir de ahora.
Todos hemos notado que la pandemia ha dejado de ser un problema nacional para pasar a ser autonómico, con las dificultades que ello conlleva, para conocer cuál es la situación en cada provincia o municipio y con la ruptura que coadyuva a provocar en el país. De la misma forma que lo hace el hecho de que los presupuestos van a ser aprobados contando con el apoyo de las facciones mas rupturistas del país que, sin lugar a dudas, pasarán factura sin dilación por los servicios prestados al gobierno central con quien confían en destruir el estado de derecho tal como anunciaron los miembros de Bildu.
A todo ello habría que añadir la creación de una comisión de la verdad, especie de censura, que debilite los escasos medios informativos que están fuera de las manos del aparato gubernamental. Y también el propósito de dominar no solo la fiscalía general y la abogacía del estado sino también el CGPJ y el poder judicial en su conjunto, que tendría como primera misión, conceder el indulto a los rebeldes/sediciosos catalanes que antes de fin de año pueden haber visto saldadas sus cuentas con el Estado.
Entre los últimos horrores que estamos viendo se encuentra la invasión de que están siendo objeto las islas Canarias con miles de llegadas de nuevos inmigrantes procedentes de Marruecos nuestro "amigo del Sur" al que parte del gobierno se empeña en molestar recordando las obligaciones de Rabat para con Naciones Unidas respecto al Sahara Occidental.
Esta retahíla podría no tener fin, pero queda aun una importante referencia que hacer: si los tres poderes básicos del Estado se encuentran semi-concentrados en unas solas manos, nos queda apenas la esperanza de la Monarquía, muy acosada por el ataque frontal al Rey Emérito y por las consecuencias que tal ataque puede tener sobre la institución en su conjunto. Produjo gran tristeza ver el papel que Don Felipe tuvo que desempeñar recientemente en Bolivia acompañado por el vice Pablo Iglesias, quien no cesó de divulgar el supuesto sentimiento republicano que se extiende por España. Y de paso, anudar lazos con los líderes bolivarianos que constituyen un gran modelo para nuestro país.
Perdón por la lista tediosa e interminable, de la que sin duda algunas erratas han quedado en el tintero. Conviene recordarlas de vez en cuando, por si se nos presenta la ocasión de rectificar y hacer una nueva edición corregida y mejorada de nuestro país.
