La crítica política acusa a la concejal de haber ejecutado tan solo 90 euros de su millonaria asignación, la humana levanta ampollas
El desahucio de la calle Nervión en Castelló sigue provocando polémica. Podemos pide explicaciones al Juzgado por ordenarlo “pese a haber una moratoria”, y a la Policía Local por intervenir junto a la Policía Nacional. PP y CS reprueban la gestión de la concejal de Vivienda, que apenas ha llegado a gestionar 90 euros de su millonaria asignación. Y ya se han realizado correcciones a la función de la Policía: “no intervinieron”, porque no entraron en la vivienda. El drama humano levanta ampollas.
E.Molina/ I. Romero/ Castellón Información
- La Policía Local de Castelló exige respeto a la concejal de Vivienda por cumplir con su trabajo
- Una mujer y su hijo son desahuciados de una vivienda en Castelló
El desahucio de la calle Nervión de Castelló ha puesto de manifiesto que no se puede ser antisistema y formar parte del sistema y su gobierno. Algo no funciona correctamente.
Los hechos sucedidos el martes han abierto mucha polémica en varios frentes:
Podemos pide explicaciones al juzgado y Policía Local
Podemos pide explicaciones a los jueces y se preguntan “por qué el juzgado no aplicó la moratoria y ni el protocolo antidesahucios firmado entre la Audiencia Provincial y el Ayuntamiento, que obliga a la primera a informar al consistorio de las situaciones de vulnerabilidad y frenar en estos casos los desahucios durante tres meses”.
De la misma manera, han pedido explicaciones sobre la presencia de los policías locales, porque indican que en diciembre de 2015 se “aprobó una moción que acordó que la administración municipal no colaborará en ningún caso en desahucios de vivienda habitual”. E insisten en que en el pleno de mayo se había aprobado un acuerdo municipal contra los fondos buitre.
Los agentes no intervinieron, no entraron en la vivienda
Fuentes municipales del equipo de gobierno señalan, por otra parte, que los policías locales no intervinieron en el desahucio, porque se limitaron a acudir en respuesta a la llamada de la Policía Nacional, y no llegaron a entrar en la vivienda, solo les abrieron paso”. Era una cuestión de seguridad pública.
Los policías, por su parte, entienden que cumplían con su obligación y con su deber, y que ningún concejal del Ayuntamiento de Castellón puede exigirles que no lo hagan. Y menos aún, entienden, difundir desde uno de los grupos del Acuerdo de Fadrell un video en el que los insultan. Por esta razón han pedido explicaciones a la alcaldesa y desacreditan a la concejal de Vivienda.
En lo que concierne al acuerdo plenario del pasado mes de mayo, sí muestra el apoyo municipal a las personas vulnerables que son objeto del abuso de los fondos buitre, pero en ningún momento señala que los agentes locales no hayan de acudir o prestar servicio en un tema “de orden público”, como se suscitó el martes.
Carrasco: “el gobierno municipal apenas ha destinado a vivienda 90 euros en seis meses”
Desde la oposición, la portavoz el Grupo Municipal Popular “lamenta que el equipo de gobierno municipal protagonice ‘escraches’ cuando apenas ha destinado a vivienda 90 euros en seis meses”.
El PP ha denunciado “el doble rasero del equipo de gobierno municipal en materia de vivienda, ya que, según ha destacado, de los 2.226.466,5 euros que había presupuestados en este ámbito durante el presente año, en seis meses únicamente se han invertido 90 euros, que se han dedicado al servicio de orientación ciudadana, lo que supone que solo se ha ejecutado el 0’004% del total presupuestado”.
“Estamos en el mundo al revés, porque el equipo de gobierno aún no ha entendido que tiene en su mano la solución para frenar los desahucios, una solución que no está detrás de una pancarta, sino en los instrumentos legales que tiene a su alcance en lugar de pedirle a la Policía Local que no cumpla con su deber”, indicaba Carrasco.
La portavoz del GMP añade que “los hechos y las cifras demuestran una vez más que los que decían que venían a cambiar esta situación en la ciudad no han cambiado nada de nada, porque se siguen produciendo desahucios y porque en el parque de viviendas sociales de Castellón únicamente continúan figurando las 217 que dejó el Partido Popular en 2015”.
Cs exige responsabilidades a Marco por mantener en su gobierno a concejales que impiden el trabajo de la Policía Local
En una línea semejante se ha posicionado Ciudadanos, cuyo portavoz, Alejandro Marín-Buck ha exigido “responsabilidades a la alcaldesa por mantener en su gobierno a concejales que impiden el trabajo de la Policía Local”.
“En el pleno del pasado mayo la edil de Cs, Paula Archelós, ya expuso que no íbamos a ser cómplices de la incompetencia de la señora Garrido, responsable de vivienda y ya pidió responsabilidades a la alcaldesa por mantenerla en su puesto de lo que no obtuvimos respuesta”, ha recordado Marín-Buck.
El portavoz de Cs ha criticado a la señora Garrido y a sus compañeros de Podem que “ayer se excedieron de sus funciones como ediles y responsables públicos al impedir a la Policía Local de Castelló velar por el orden público, habiendo sido requeridos por la Policía Nacional para reforzar el altercado provocado por un desahucio”.
Paula Archelós preguntaba en comisión sobre lo ocurrido a la responsable de vivienda y al concejal de Seguridad. Tanto Garrido como Braina le indicaron que responderán por escrito.
Por último, Marín-Buck considera “más que reprobable públicamente el comportamiento de quien dirige el departamento de Vivienda del Fadrell ya que no es la primera vez que se excede de sus funciones y en lo habitual, por dejación de las mismas”.
¿Y de la familia desahuciada qué?
Mientras la polémica política sigue su curso (esto no ha acabado), la familia que fue desahuciada en la calle Nervión de Castelló vive su propia tragedia.
Fuentes municipales señalan que se trata de una madre y su hijo menor, que vivían en régimen de alquiler. La familia recibía la ayuda de Servicios Sociales y se encontraba en situación vulnerable pero pagaba puntualmente el alquiler.
El drama, comentaron las mismas fuentes, comenzó hace ya tres años cuando la gestora de la vivienda (que pertenecería aun fondo de inversión, también denominado ‘fondo buitre’) comenzó a denunciar que no pagaban correctamente la mensualidad. En dos ocasiones, señalan desde Podemos, “los afectados ya habían demostrado estar al corriente de pago en 2017 y 2018 y se archivaron por ello dos procedimientos judiciales del fondo buitre. En 2019 se reabrió el lanzamiento por un defecto de forma de desamparo legal al no comparecer el abogado de oficio”.
Esta familia ha recibido la atención municipal y tiene un techo sobre la cabeza, pero ha perdido su casa.
El problema es ¿Quién, aparte de ellos, va a pagar las consecuencias de este drama? ¿Hay forma de evitar este tipo de hechos? ¿Se pueden exigir responsabilidades?
