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jueves, 28 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:59

Solución urgente para los interinos

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Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.

En septiembre se inicia el curso escolar con más penas que alegrías. Como una montaña de emociones está gobernando la Conselleria de Educación, enfrentándose a familias, alumnado, maestros y a todo aquel que no comulgue con su doctrina. Ahora le toca el varapalo a los interinos que no tengan la Capacitació en Valencià, pues en septiembre se verán en la cola del paro si no presentan este requisito, sin importar si son o no buenos profesionales.

Con esta medida creada por el Partido Popular y acatada por el Botànic, más de 1.200 interinos verán truncado su futuro y su pan de cada día. Muchos de ellos con más de 30 años de profesión temen que esta exigencia afecte a su jubilación y, es más, denuncian que esta medida va en contra del acuerdo marco de 1999/70 de la Comunidad Económica Europea que establece que se exija lo mismo tanto al funcionario fijo como al interino. En este caso, el requisito lingüístico vulnera este acuerdo.

Me llama la atención que el Partido Popular dice defender la libertad de uso de las lenguas y denuncia las imposiciones lingüísticas, pero ahora no se manifiesta ante esta medida y abandona a miles de interinos. Claro, porque son ellos los culpables de que miles de interinos se vayan al paro por no cumplir este requisito. Qué incongruente todo, y esto se debe a que el Partido Popular tiene una doble vara de medir dependiendo de si está en el gobierno o en la oposición. Me gustaría conocer si el anterior gobierno pensó en las consecuencias que va a provocar esta situación en muchas familias, que en septiembre verán afectada su economía.

Al actual gobierno le ha venido muy bien acatar esta medida para decir que esto es un regalo del Partido Popular. Ellos solo se han dedicado a endulzar esta medida indicando que el docente no perderá sus derechos, solo se congela su puesto hasta que obtengan la Capacitació en Valencià. Pero los sindicatos no lo ven tan claro y han amenazado con llevar este tema a los tribunales por considerarlo un “despido improcedente”.

Muchos frentes judiciales se le están abriendo al conseller Marzà, quien debería plantearse si seguir con este regalo del anterior gobierno y pagar cada una de las indemnizaciones o ponerse del lado de estos profesionales que llevan años ofreciendo su experiencia docente. Desde Ciudadanos nos gustaría conocer cuánto va a costar a los valencianos esta decisión, si saben el alcance del coste de las más de mil indemnizaciones.

Por otro lado, le invitamos a que ofrezca una moratoria para la formación de estas personas, y, es más, que estudie la posibilidad de crear un plan de formación específico y un calendario de pruebas para facilitar a todos los profesores afectados la posibilidad de no tener que abandonar el sistema educativo por no cumplir con la norma y así mejorar su competencia lingüística en valenciano. Para finalizar, creo que la Conselleria debería dialogar con los afectados antes de tomar estas medidas tan drásticas, lo que contribuiría a reducir los recursos ante los tribunales por parte de la Comunidad Educativa.