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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado durante la sesión de control en Les Corts Valencianes que el próximo 16 de mayo mantendrá una reunión de trabajo con el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, para acordar una posición común en torno a la conexión entre los puertos de València y Bilbao, mediante la línea ferroviaria Cántabro-mediterránea.
Esta infraestructura, ha afirmado Puig, es, además del Mediterráneo, un corredor "muy importante" que ha estado "olvidado" a causa de la radialidad que impera en la concepción del Estado. De este modo, ha incidido en la necesidad de modernizar la línea Sagunt-Zaragoza-Cantabria para que "conecte de manera eficiente el puerto de València con el parque logístico de Aragón y con las industrias y el puerto de Bilbao". "Ahí se decide si somos o no competitivos", ha aseverado.
Asimismo, ha subrayado que el Corredor Mediterráneo supone "una inversión fundamental no solo para la Comunitat Valenciana, sino para el conjunto de España". Se trata de una infraestructura que, como ha explicado Puig, es "absolutamente esencial", puesto que más del 53% de las exportaciones pasan por esta vía. El hecho de que no esté finalizada implica que sectores exportadores valencianos clave, como el agroalimentario o el cerámico, "todavía tengan que utilizar la carretera en alto porcentaje", ha lamentado.
Por ello, el President ha reiterado que desde el Gobierno valenciano se piden "infraestructuras necesarias y eficientes" a la Administración central, y ha lamentado el "menosprecio reiterado y consolidado durante décadas" por falta de "criterios objetivos" a la hora de planificar las inversiones.
Y en ese sentido, el jefe del Ejecutivo valenciano también se ha referido en su intervención al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que ha calificado como "el mayor obstáculo para la recuperación de la Comunitat Valenciana".
"El Consell rechaza unos presupuestos que no solo no compensan la insuficiencia inversora de los últimos años, sino que las inversiones contempladas tampoco se ajustan al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y suponen una reducción de 209 millones de euros respecto a 2016", ha asegurado el President, quien posteriormente ha recordado que cada valenciano y valenciana recibirá 119 euros per cápita.
Se trata, según ha explicado, de una cuantía "claramente inferior" a los 184 euros de media en el conjunto del Estado, y "muy lejos de las cifras de los ciudadanos de otros territorios" que recibirán de media tres veces más que valencianos y valencianas.
Recuperar el talento emigrado
Durante la sesión de control, el President Puig ha anunciado además que la Generalitat presentará próximamente la primera convocatoria del Plan GenT (Generació Talent), una iniciativa que supondrá una inversión de 61 millones de euros "en el retorno del talento emigrado".
"Queremos recuperar a aquellos jóvenes de las generaciones mejor formadas de la historia que tuvieron que abandonar nuestro país para que puedan volver y desarrollar aquí su proyecto de vida", ha indicado el jefe del Consell, que ha hecho hincapié en la importancia del retorno de estos jóvenes emigrados para que aporten "todo su talento a la Comunitat Valenciana".
Actuaciones como esta se engloban en la determinación del Consell de trabajar en la mejora del capital humano del territorio valenciano, un pilar "fundamental" para lograr el cambio de modelo productivo. Con ese objetivo, tal y como ha destacado Puig, ya se ha reforzado "el papel de las universidades, las becas, la educación primaria y secundaria, el inglés, que desde este curso avanzará extraordinariamente, o la nueva formación profesional".
Transformación de la administración de justicia
El jefe del Consell también se ha referido en su intervención a la voluntad del Gobierno valenciano de mejorar el sistema judicial para alcanzar una "justicia de calidad", basada en la "optimización de la gestión de los recursos" y en la "mejora de los servicios de atención a la ciudadanía".
En este sentido, ha anunciado una inversión de un millón de euros para la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas, con el objetivo de añadir a este sistema gabinetes psicosociales comarcales, así como extender a todo el territorio la atención a menores, algo que hasta el momento solo se producía en la ciudad de València. Además, Puig ha confirmado que esta nueva estructura estará en marcha antes del verano.
Esta medida se enmarca dentro de la hoja de ruta del Consell marcada por el Acord del Botànic, que tiene como fin la transformación de la administración de justicia con parámetros de "racionalidad, eficiencia e igualdad", ha matizado el President.
Finalmente, el jefe del Consell ha resaltado que desde el Gobierno valenciano se está construyendo "una cultura de la transparencia, de prevención y de mejora de la eficacia de la administración". Ello permite, según ha indicado, que "cualquier ciudadano o ciudadana puede saber quién y cómo utiliza los recursos públicos". "Nunca la Generalitat ha sido tan transparente como ahora", ha apostillado.
Bonig afea a Puig la falta de transparencia y de gestión del Consell
Por su parte, la Síndica del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha provechado la sesión de control para afear hoy al President, la falta de transparencia y de gestión del Consell detectada por los tribunales, el Síndic de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu.
Bonig ha preguntado a Puig por su valoración sobre la política de transparencia del Consell. La portavoz popular ha recordado que ya son seis las sentencias que han condenado al Consell de Puig y Oltra por no facilitar documentación solicitada por diputados del Grupo Popular. Bonig ha leído algunos extractos de las sentencias en las que el TSJCV condena al Consell "por violar los derechos fundamentales de los diputados del GPP". Entre ellas cuestiones como Carns de Morella, informes de fiscalización e intervención previa o Educación.
Respecto a la Conselleria de Vicent Marzà, Bonig ha indicado que "acapara una de cada cuatro quejas de los valencianos". "Educación copa el 37 por ciento de las 5.259 reclamaciones recibidas según el informe del Síndic de Greuges con cuestiones como el arreglo escolar, la supresión de unidades en la enseñanza concertada; Xarxa Llibres y la jornada continua, que fueron las principales quejas de los ciudadanos en el primer ejercicio completo del Titànic", ha señalado. La portavoz ha criticado que ante estas quejas el conseller se limite a decir que "sufre ataques". En Sanidad la portavoz ha destacado el caso de la auditoría del Hospital de Manises, que el Consell rechaza pese a que demuestra un ahorro de 42,5 millones de euros.
Bonig se ha pronunciado también sobre la gestión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ausente hoy en la sesión de control. "Acumula más de un centenar de reparos de la Intervención al observar infracciones no subsanables del ordenamiento por su nefasta gestión en Igualdad al no ajustarse a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Y esto se traduce en más de 71 millones de euros", ha destacado.
"Las personas pendientes de recibir prestación a 28 de febrero de 2017 eran 16.425, es decir, el 23,89% del total. Y el Síndic de Greuges advierte a Oltra de las anomalías al ingresar a menores con discapacidad o con enfermedades mentales en centros de protección prohibidos, y por tanto sin recibir los tratamientos adecuados. Hay anomalías; infracciones no subsanables; expedientes sin resolver; opacidad... ¿dónde está la transparencia y la buena gestión?", ha preguntado.
Por último, Bonig ha señalado que "prácticamente todas las leyes que el Titànic ha llevado a les Corts lo han hecho con observaciones esenciales del CJC que no han querido atender". Se trata de la Ley por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, la Ley de acompañamiento de 2016, la ley de memoria democrática o el Anteproyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo sostenible. "No rescatan a las personas, no atienden sus necesidades, y según las propias instituciones de la Generalitat, no es transparente", ha concluido.
La portavoz popular ha preguntado también "qué le parece a Oltra la purga de trabajadores del Ayuntamiento por parte del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri" y ha acabado pidiendo el apoyo a la declaración institucional planteada por el GPP para exigir al Consell que cumpla las resoluciones aprobadas en Les Corts.
