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La dirección provinvial del PSPV-PSOE de Castellón pedirá al Gobierno de España que "no entorpezca el mandato aprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados para la tramitación de la Ley de Renta Mínima para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por los sindicatos UGT y CCOO y defendida por el Partido Socialista en el parlamento".
Así lo ha confirmado hoy el secretario provincial de Economía del PSPV-PSOE de Castellón, Javier Serralvo, quien ha manifestado que en la provincia de Castellón esta iniciativa puede alcanzar a 60.000 personas, según los citados sindicatos.
Serralvo ha destacado la necesidad de que esta propuesta legislativa popular, que representan la voluntad de los ciudadanos y nenía avalada por más de 700.000 firmas, "sea aprobada con rápidez y disponga de las partidas necesarias en los presupuestos de 2017 para poder cumplirla aprovechando que los mismos todavía no han sido aprobados".
Asimismo, ha puesto de manifiesto que el respaldo del Partido Socialista a la Ley de Renta Mínima forma parte de las señas de identidad de los socialistas en favor de la consolidación de los pilares del Estado del Bienestar, como fueran la educación universal, la sanidad universal, el sistema de pensiones y la ley de Dependencia.
Serralvo ha afirmado que "ahora se trata de una iniciativa que quiere garantizar una vida digna de todos los ciudadanos de este país y convertirlo en el quinto pilar del Estado del Bienestar, se trata de no dejar nadie abandonado después de que en estos últimos años se haya aumentado la diferencia de renta entre los más ricos y los más pobres".
La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos en toda España, que se prolongaría hasta que el beneficiario no tenga trabajo y recursos económicos. El líder provincial socialista ha indicado que "es falso, como sostienen PP y Ciudadanos, que votaron en contra, que no haya viabilidad económica por hacer frente a esta prestación si se comparan los 12.000 millones de euros que se calcula que comportaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían las prestaciones por desocupación en 2011 y los 18.000 millones que representan en la actualidad".
Serralvo ha recordado que en estos momentos hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones a pobreza severa y dos millones de niños y niñas pobres.
En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desocupación, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y no tener ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del SMI.
