Castellón Información
El gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchís, reiteró hoy su voluntad de negociar y dialogar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras del centro y mostró de nuevo su disposición a “tener en cuenta todas aquellas propuestas que presenten siempre y cuando se ajusten a la ley”. A su juicio, “es incomprensible que se nos acuse de autoritarismo cuando lo que estamos haciendo es cumplir escrupulosamente con la legislación y llevar a cabo la adaptación retributiva del personal del centro que exigen tanto el régimen jurídico del sector público como la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana”.
El gerente recordó hoy que en la mesa informativa extraordinaria celebrada el pasado 10 de marzo la dirección ya mostró su plena disposición a retomar la negociación con los representantes sindicales. “No nos oponemos a negociar y a dialogar”, manifestó Sanchís, quien subrayó que “la negociación no puede ir en contra de lo dispuesto en la ley, solo puede ampliar los derechos si la ley así lo permite”.
En septiembre, la Conselleria de Hacienda emitió un informe favorable al contenido del convenio y del acuerdo, excepto en el aspecto de determinados conceptos retributivos como horas extraordinarias o la asignación temporal de funciones. Sin embargo, la ley de presupuestos aprobada a finales de año exige que se apliquen las retribuciones de la Conselleria, lo que provoca la derogación tácita del resto del contenido del convenio y del acuerdo marco en la medida en que se opone a la ley, explicó Sanchís. Además, la propia Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017, al igual que todas las leyes presupuestarias que se vienen aplicando desde 2012, dispone que no pueden haber acuerdos ni pactos que contradigan lo dispuesto en la ley porque, de ser así, serían nulos.
Sanchís, destacó que la actual dirección del centro “ha puesto fin a irregularidades laborales y económicas heredadas” y ”está gestionando con responsabilidad, dando prioridad a las necesidades asistenciales de la ciudadanía y poniendo al alcance de los profesionales los medios necesarios para que puedan desarrollar su labor”. “Detectamos -explicó- numerosas irregularidades en contratos con empresas externas y en algunos casos no existía ni contrato. La exhaustiva revisión de las contrataciones nos llevaron a denunciar ante la fiscalía anticorrupción irregularidades por valor de 33 millones de euros”. “Sin embargo -lamentó el gerente- nadie reprochó a los anteriores gestores todas eras irregularidades y ahora se arremete contra una dirección que “está poniendo fin a un modelo de hospital disonante con el resto de la red sanitaria pública” y que basa su gestión en la responsabilidad, el rigor y la transparencia”.
