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viernes, 29 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:59

El PP de l'Alcora espera que el 27 de febrero arranque la causa contra el exalcalde socialista, tras su suspensión

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El juicio oral que hoy debía juzgar la presunta prevaricación administrativa que le imputan al exalcalde socialista de l'Alcora, Javier Peris, y cuatro de sus exconcejales, ha quedado nuevamente aplazado a febrero. El motivo, en esta ocasión, ha sido la falta de documentación, puesto que el expediente administrativo de contratación que se juzga no obraba en manos del juez.

La decisión deriva en un nuevo aplazamiento, el segundo, después de que el pasado noviembre fuera demorado el juicio a petición de la defensa de Peris y de los exregidores. En aquella ocasión, "fue a petición de Peris, ahora ha sido a petición del juez", ha explicado Vicente Mateo, concejal y portavoz del grupo municipal del PP en l'Alcora.

Mateo, que ha estado presente esta mañana en el juicio, representa al Partido Popular que decidió personarse en la causa como acusación particular. "Confiamos en que el próximo 27 de febrero, nueva fecha fijada esta mañana por las partes, nos permita iniciar un proceso que se remonta hace más de media década", ha explicado el concejal.

Cabe indicar que a la apertura de juicio oral, prevista para esta mañana, se han dado cita los once testigos y cinco acusados en este presunto caso de prevaricación administrativa que se remonta a la etapa de gobierno del que fuera líder del PSPV en l'Alcora, Javier Peris, en el mandato 2007-11. Junto al exalcalde, también han estado presentes los cuatro concejales que durante su etapa ocuparon responsabilidades de gobierno: Fernando Bou, Beatriz Gil, Mª Carmen Sancho y Mª Isabel Albella.

El PP decidió presentar denuncia por la adjudicación de la revisión del PGOU en el año 2007. "Diez años después esperamos que se juzgue esta causa, que ya acumula dos aplazamientos, y que esperamos que aporte luz y taquígrafos a esta contratación". La que el 1 de abril de 2013, la Fiscalía Provincial de Castellón remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón sobre la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor de "una empresa por la que el alcalde tenía especial interés", según indicó la propia Fiscalía.