David de Miguel. Diputado autonómico de Ciudadanos por la provincia de Castellón
Esta semana hemos vuelto a asistir a la politización y al uso partidista de un tema tan serio como es la financiación autonómica. Y la verdad es que cuando se llega a la política desde el ámbito de la empresa privada, y uno asiste a estos debates, es cuando se empieza a comprender la creciente desafección entre la clase política y los ciudadanos.
La política es atender a las reivindicaciones de la sociedad, evitar situaciones de injusticia con la ciudadanía, trabajar por conseguir el mayor bienestar y por último, garantizar una igualdad efectiva de oportunidades para todas las personas. Lo que no debe ser la política, al menos así lo consideramos nosotros, es politizar e incluso diría yo banalizar asuntos trascendentes con el único fin de convertirlos en armas arrojadizas contra el partido que está enfrente.
La financiación autonómica es un asunto cuya trascendencia desconoce gran parte de la ciudadanía, en parte por culpa de la errónea concepción de la política que tienen algunos representantes públicos. Así pues, el grueso de los ingresos que gestiona la Generalitat provienen del Estado a través del vigente modelo de financiación autonómica. Un modelo por cierto injusto, opaco y que genera importantes desequilibrios entre las distintas comunidades autónomas.
Por ello, todos los grupos políticos, las patronales, los sindicatos, las universidades, etc., somos conscientes de que es necesario cambiar este modelo de financiación, no sólo porque supone que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estemos recibiendo una financiación per cápita muy inferior a la media estatal, sino porque esto se traduce en que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad del estado de bienestar, dada la dificultad de la Generalitat de asumir el gasto en materia de sanidad, educación o política social, con los ingresos que a día de hoy recibimos del Estado.
El problema radica en que en este asunto los dos grandes partidos, PP y PSOE, no están actuando como la gravedad del problema requiere. No se puede estar continuamente sacando a debate parlamentario quien de los dos partidos, si Rajoy o Zapatero, es el culpable de que estemos mal financiados, y no deberían hacerlo por una sencilla razón, y es que tan culpables son los unos como los otros, porque ambos son los que han gobernado España durante la democracia.
Desde la aprobación del propio Estatuto de Autonomía, la Comunidad Valenciana arrastra el mismo problema de infrafinanciación. Y ni PP, ni PSOE han querido plantear nunca un modelo de financiación que garantice la prestación de unos servicios públicos esenciales de calidad para todos los ciudadanos de nuestro país, sin distinción por el territorio en que residen, sino que han optado por un modelo que favorece la injusticia, la desigualdad entre ciudadanos de unas y otras comunidades y que sólo busca premiar a los barones territoriales del Gobierno de turno.
Es por eso que ante un problema grave como el que sufren las cuentas de la Generalitat, ante el riesgo que corre la supervivencia de los servicios públicos, no cabe el partidismo, no cabe la politización. Sólo cabe el consenso, el diálogo y ante todo la lealtad institucional y la solidaridad entre regiones, si queremos un modelo de financiación justo que garantice la igualdad entre todos los españoles. Con este fin nos han puesto los ciudadanos en las instituciones, para trabajar por encontrar solución a los problemas, aunque parece que algunos, los de siempre, los que no se dan cuenta que la sociedad reclama otro tipo de política, no se han enterado.
