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viernes, 29 de marzo de 2024 | Última actualización: 10:45

El exvicepresidente de Diputación, condenado a 8 meses por el caso de la Depuradora de Borriol

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La Audiencia Provincial ha absuelto a los otros cinco imputados, entre los que se encuentran el exalcalde de Borriol y los hijos de Martínez

El ex presidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d´Alba, Francisco Martínez ha sido condenado a ocho meses de cárcel y a pagar una multa de 12.600 euros por negociación prohibida a funcionario público, en el denominado caso de la Depuradora de Borriol. La Audiencia ha ha absuelto a los otros cinco imputados, entre los que se encontraban los dos hijos de Francisco Martínez, el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, y el socio de Martínez

EM/Castellón Información

Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia en su cuenta de Twitter, la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado sentencia en el denominado caso de la Depuradora de Borriol.

Según las mismas fuentes, La Audiencia ha condenado a uno de los imputados y ha absuelto a los otros cinco, que se encontraban procesados por el mismo tema.

El condenado es el expresidente de la Diputación, Francisco Martínez, por “negociación prohibida a funcionario público”. La Audiencia le impone 8 meses de cárcel y el pago de una multa de 12.600 euros.

Entre los absueltos se encuentran: el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, los dos hijos de Francisco Martínez y su socio.

Antecedentes

Según el escrito del fiscal, los hechos sucedieron entre los años 2007 y 2014, cuando los acusados intervinieron, a través de las competencias que tenían en las respectivas administraciones, y adoptaron resoluciones en los procesos relacionados con la obtención de los terrenos, la aprobación del proyecto, la adjudicación y contratación de la obra para beneficiarse económicamente.

Surge el escándalo en enero de 2014

Los hechos que llevaron a la apertura de este juicio, se hicieron públicos en enero del 2014. El PP dominaba con mayoría absoluta la Diputación Provincial, que presidía Javier Moliner, en la que estaban representados PP, PSOE y un diputado de Compromís. Francisco Martínez, que ya fuera la mano derecha de Carlos Fabra en anteriores corporaciones era responsable de infraestructuras de la provincia, además de alcalde de Vall D´alba. Adelino Santamaría era el alcalde de Borriol.

A raíz de la convocatoria de un pleno en la localidad de Borriol, para aprobar el proyecto de la construcción de la depuradora, Compromís comprobó que una de las parcelas afectadas por la expropiación de terrenos para la depuradora, estaba relacionada con el diputado Martínez o su familia.

El punto de la depuradora no llegó al pleno de Borriol, pero sí se hizo público un comunicado emitido por el presidente, Javier Moliner, en el que retiraba su confianza al expresidente de la Diputación, Francisco Martínez.

A partir de entonces, la depuradora de Borriol convirtió en centro de atención a Francisco Martínez y Adelino Santa María, por que se consideraba que podría ser una actuación interesada por parte de ambos.

La depuradora, en terrenos de Martínez y su socio

El proyecto de la depuradora de Borriol, se defendió entonces Francisco Martínez, se estaban gestionando desde 2006, a través de la Conselleria, y de la Diputación Provincial.

Martínez afirmó también, que desconocía que se hubiera afectado a terrenos de ‘su familia’, pero que indudablemente el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría debía saberlo.

Compromís fue más allá en estas acusaciones, puesto que si el listado de los propietarios de los terrenos afectados había llegado a su grupo, lo natural es que también hubiera sido conocido por el alcalde de entonces, Adelino Santamaría e incluso, por Francisco Martinez, como responsable de la Diputación en este proyecto.

Tras el estudio pormenorizado del proyecto de la depuradora, y su ubicación, los técnicos afirmaron, que los terrenos de Martínez podrían ser excluidos en la ejecución de la obra, ya que se habían ‘reservado’ como área complementaria de servicios para esta infraestructura, sin afectar al desarrollo de la depuradora.

Esta medida, finalmente no satisfizo a nadie. Se sabía que Martínez o su familia, habían adquirido los terrenos años antes. Para sus acusadores, porque debía conocer ya que allí se habría de ubicar la depuradora. Pero si la parcela ‘de su familia’ quedaba excluida, seguían dentro del perímetro reservado otros terrenos que pertenecían a un empresario, allegado a Martínez, Raul Babiloni, en otra sociedad, y a quien Martínez, según fuentes socialistas, habría adjudicado contratos en su municipio de Vall d´Alba.

Compromís denunció abiertamente, que la inclusión de los terrenos en el proyecto de la depuradora, habría supuesto una revalorización de los mismos, por lo que podría apuntarse a un ‘enriquecimiento’ calculado.

El proyecto de la depuradora de Borriol no salió adelante. Fue sustituido por una alternativa para conectar la localidad a la depuradora de Castellón. Pero este cambio de rumbo no paralizó el escándalo.

Compromís lleva el tema a la Fiscalía

El diputado de Compromís, Enric Nomdedeu, decidió entregar toda la documentación de que disponía su partido a la Fiscalía, por si se apreciaban indicios de delito. Como consecuencia de ello, y a instancias de la Fiscalía, se inició la instrucción de un sumario en el que se imputó a Francisco Martínez, y a otras cinco personas.

Martínez, pendiente de un segundo proceso

En febrero de 2015 el concejal socialista, Fernando Grande entregaba a la Fiscalía de Castellón, diversos documentos que, entendían, que podrían llegar a demostrar que el entonces todavía alcalde de Vall D´Alba, Francisco Martínez, se había enriquecido ilícitamente durante los últimos 20 años, gracias a sus cargos políticos. El PSOE pidió que se incorporara esta documentación al procesamiento de Francisco Martínez por las presuntas irregularidades cometidas con los terrenos de la depuradora de Borriol. El PSOE denunció que Martínez había duplicado sus bienes y posesiones.

A través de estos datos, se determinó abrir una segunda investigación y proceso contra Francisco Martínez, cuyo juicio oral se ha pospuesto en varias ocasiones, y se ha fijado, de momento para principios de mayo.