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jueves, 25 de abril de 2024 | Última actualización: 21:31

Las mentiras de la Sexta y la ley Celaá

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José Antonio Rodríguez. Asesor fiscal.

Una democracia como la española se sustenta en la separación de poderes y en la existencia del llamado cuarto poder: la prensa, versus medios de comunicación.

Una democracia moderna, como la nuestra , ha de tener medios de comunicación con ideología, con análisis distintos de las noticias, los hechos y también, como no ,informando siempre con rigor.

En los últimos años al polarizarse tanto las distintas cadenas de televisión en cuanto a sus planteamientos hemos optado mayoritariamente por ver, leer e informarnos en aquellos que entendemos sensatos y que suelen ser acordes al modo de ver las cosas de cada cual.

En una democracia moderna los medios de comunicación públicos deberían ser la excepción a lo anterior y limitarse a mostrar las noticias y ser imparciales en sus enfoques dando cabida a todas las sensibilidades, y lamentablemente ocurre justo lo contrario, que le vamos a hacer.

A lo que iba, intentando no caer en la “anestesia” informativa que se produce al informarse solo por medios afines, esta semana tuve la ocurrencia de ver el final de los informativos de la noche de la sexta y no se les ocurrió otra cosa, que rebatir “ las mentiras” que se están diciendo sobre la ley de educación que esta semana próxima se votará en el Congreso de los Diputados, la mal llamada ley Celaá.

El planteamiento de la sección se basaba en que es mentira que la ley acabe con la educación concertada, pues solo le recuerda cual es su sitio, pues las familias van a poder continuar eligiendo el centro donde estudiar sus hijos.

No sabemos si se han leído el proyecto de ley, pero si como elemento necesario en la escolarización eliminamos la demanda social, es decir qué quieren las familias y deja al arbitrio de  quien gobierna en cada momento a qué colegios les renueva el concierto y a cuales no, ya me dirán si es o no el camino hacia la supresión. Primera mentira.

También garantiza la gratuidad de la educación al prohibir la obligatoriedad de pagar cuotas voluntarias a colegios y fundaciones, para ello se basan en una encuesta de CEAPA, que es la asociación mayoritaria de los colegios públicos y  que por cierto, propugna una escuela única, pública y laica. La imparcialidad , veracidad y rigurosidad de sus datos es más que discutible. Segunda mentira y falta de rigor informativo.

Por cierto, las enseñanzas obligatorias en España son gratuitas, por lo que quien haya cobrado por ella a las familias habiendo suscrito concierto educativo, debería ser perseguido, pues es ilegal.

También  desaparece la religión como asignatura evaluable, pero decía con pena la presentadora que no  se puede eliminar porque hay un acuerdo con la Iglesia. Cuando una asignatura como la religión,  no la catequesis se elimina del curriculum y deja de ser evaluable se están produciendo dos cosas: el empobrecimiento del alumnado, al dejarle sin conocimientos de una materia importante en su desarrollo humano e intelectual y dos negar la existencia de creencias ,relegando a lo estrictamente privado lo trascendente, dejando al  alumnado sin referencias para que pueda ser adoctrinado convenientemente. Tercera Mentira.

Por último que, aunque hay diferencias entre los padres, la ley elimina la educación especial; no es cierto, ya que se prevé que en diez años hayan medios, recursos e instalaciones para poder integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Cuarta mentira.

Los colegios ordinarios no tienen infraestructura, personal, ni capacidad para atender adecuadamente muchas de las discapacidades de ciertos alumnos, que han pedido reiteradamente estos días en muchos videos que se han hecho virales, que no cierren sus colegios.

No solo fueron la avanzadilla del comunicado de Unidas Podemos sobre las críticas y temores a esta ley,  y están en su derecho , sino que han sido poco rigurosos en sus afirmaciones, en los datos manejados y más aún han trasladado a la opinión pública( es cierto que  solo a  610.000 Espectadores) la imagen que esta ley lo mejora todo y no menoscaba derechos de las familias, profesorado e incluso de la inspección educativa.

Pues bien, no dijeron la verdad , ni utilizaron fuentes solventes y fiables, lo que demuestra que no solo los políticos mienten.