Estima que la alcaldía cometió una ilegalidad al vulnerar el derecho de la oposición a recibir toda la información
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento deberá proporcionar a la portavoz del Grupo Municipal Popular, el documento completo relativo a la investigación que se llevó a cabo hace ahora dos años, por el asalto de las BAF a la azotea del edificio consistorial el 30S de 2017. El TSJ ha estimado el recurso presentado por Carrasco y ha estimado que la alcaldía cometió una ilegalidad al vulnerar los derechos del PP a recibir toda la información necesaria para ejercer su labor de oposición.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Cuando se cumplen dos años del referéndum convocado por el Gobierno de Cataluña por la que se instaba a declarar si los ciudadanos de aquella autonomía querían o no la independencia, los sucesos de entonces en Castellón siguen coleando.
Como algunos lectores recordarán, los hechos a los que se refiere esta noticia se remontan a la víspera del 1 de octubre de 2017. Sociedad Civil convocó concentraciones en todas las capitales de España, el 30 de septiembre, para que se posicionaran por la unidad de España.
En Castellón, la concentración se realizó en la plaza Mayor. Pero lejos del pronunciamiento de los asistentes, lo que se grabó en la memoria aquella jornada, fue el momento en que unas personas desplegaron una pancarta desde la azotea del Ayuntamiento mientras tiraban octavillas sobre la gente. La gesta la firmaba la BAF y las octavillas contravenían el sentido de la concentración y apoyaban el referéndum catalán.
A resultas de aquello, se produjeron enfrentamientos en la calle, que no pasaron a mayores, pero lo que es peor, se puso en duda la seguridad del edificio municipal y se colocó el interrogante sobre la ‘colaboración’ de algunos grupos políticos con los asaltantes.
Realmente ¿qué ocurrió de verdad? ¿Por dónde entraron hasta la azotea? ¿Lo hicieron por la puerta principal porque les facilitaron el paso? ¿estaban escondidos dentro antes o después? ¿O llegaron a la azotea desde el exterior?
Lo cierto es que cuando la policía accedió a la azotea no encontró a nadie, y aunque la Policía Nacional se encargó de investigar el suceso, con la colaboración municipal, dos años después no consta ninguna detención y la fiscalía tampoco he emitido ninguna acusación.
La versión oficial del equipo de Gobierno fue que los asaltantes habían accedido desde otra azotea. Habían saltado por los tejados. Así quedaba reflejado, o eso dicen, en el informe policial que se realizó por encargo del responsable de seguridad, Toni Lorenzo…
Porque la realidad es que las cámaras del Ayuntamiento no funcionaban. Estaban anticuadas y había caducado el contrato de mantenimiento. No hay imágenes tomadas del interior. O eso reconocieron.
Y del informe de la Policía Local poco se supo de primera mano. Solo las declaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana, acompañado por los principales responsables de la Policía Local. Ellos siempre afirmaron que se había accedido desde fuera, a través de la terraza de una vivienda-comercio situado en el entorno. Lo que indicaron, era perfectamente posible.
Pero estas declaraciones no convencieron a la oposición, entre otras cosas, porque el famoso informe, de cierto grosor, apenas se les facilitó un momento para que lo ojearan y se les retiró inmediatamente después, sin tiempo para mucho más. De todo aquel informe, apenas les entregaron unas hojas.
Las razones aducidas por el concejal de Seguridad y el equipo de Gobierno, es que no se podían facilitar copias por seguridad ya que había una investigación en marcha por parte de Fiscalía.
La oposición municipal lo consideró un engaño. Hoy, pasados los dos años, no se ha facilitado más información al respecto.
El TSJ estima el recurso de Begoña Carrasco
La novedad ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha estimado el recurso interpuesto por Begoña Carrasco como representante del Grupo Municipal Popular en contra de la sentencia provincial que en su día desestimó su demanda por no haber recibido la información que había solicitado.
Y en esa sentencia del TSJ se reconoce que, si bien la alcaldía o el gobierno de la ciudad puede manejar documentación que en algún momento no puede facilitar a la oposición, debe explicar las razones por las que lo hace y justificar debidamente su negativa, porque los concejales de la oposición realizan una labor fiscalizadora de la gestión de gobierno. Algo que, en el razonamiento de los magistrados del TSJ, no se dio.
“Si no hay resolución expresa ha de entenderse consolidado el derecho a obtenerla, de modo que no hacerlo constituye, naturalmente una conducta ilegal”
La sentencia del TSJ no se refiere solo al conflicto del asalto a la azotea, sino también a otros documentos solicitados por el PP como la copia de las grabaciones de las cámaras de vídeo de vigilancia situadas en el entorno de la plaza Mayor durante los actos vandálicos (pintadas) en la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2017; las facturas ‘Fidelis Factu Patronato de Fiestas’ o el Informe completo de enfermería escolar.
El TSJ confirma que “del escrito de la oposición se extrae que efectivamente la referencia a la documentación en esas hojas del expediente no constituye el informe completo. Y el informe completo se integraba entre la documentación que se había interesado y que se debió facilitar a la concejal solicitante, al no obrar resolución motivada denegatoria en el plazo de rigor (tampoco consta que la hubiera después”.
En lo que se refiere a las grabaciones de la plaza Mayor, sobre las que el Gobierno afirmó que se desestimaba la petición porque “pueden ser objeto de investigación judicial’, el TSJ afirma: “no es razón la apuntada que justificara la negativa. No consta que hubiera actuaciones judiciales en marcha… y sigue: “si funcionarios de la policía local pudieron visionarlas, no se advierte razón ara que se negara la entrega a miembro de la Corporación”.
Comenta a continuación la sentencia que “la información pedida por la concejala, guardaba relación bastante directa con lo que supone el ejercicio – por ella y por los miembros integrantes de su grupo político municipal- de su derecho al cargo y, en concreto, del control a lo que se conoce como equipo de gobierno, sobre aspectos de la protección de las instalaciones municipales ante un episodio como el que reflejan las actuaciones (asalto a la azotea de la casa Consistorial el 30 de septiembre de 2027, actos vandálicos sucedidos en la madrugada del 10 al 11 de noviembre)
Con todo ello, el Tribunal falla y estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Begoña Carrasco “contra la conducta impugnada de la alcaldía de Castellón, declarando vulnerado el derecho recogido en el artículo 23.1 de la Constitución y obligando al Ayuntamiento a que se haga entrega completa a la actora, de la documentación interesada de la alcaldía en su solicitud de 1-2-2018. Sin imposición de costas”.
La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo… ¿lo interpondrá la alcaldía?
Por cierto, las pintadas siguen ‘decorando’ el patrimonio de la ciudad. Las últimas, las de la Cruz del Ribalta de hace unas horas
