Domingo, 27 de septiembre, 2020  |  
El Gobierno moviliza 5.000 millones de euros a cambio de los 14.000 que incauta a ayuntamientos y diputaciones El Gobierno moviliza 5.000 millones de euros a cambio de los 14.000 que incauta a ayuntamientos y diputaciones

- 4 agosto, 2020 -

Castelló se libra de las consecuencias porque aprobó destinar todos sus remanentes a amortizar deuda bancaria. El Gobierno moviliza 5.000 millones de euros a cambio de los 14.000 que incauta a ayuntamientos y diputaciones

Castelló se libra de las consecuencias porque aprobó destinar todos sus remanentes a amortizar deuda bancaria.

El Gobierno ha movilizado los 5.000 millones de euros prometidos a cambio de los 14.000 que incautará de los remanentes a ayuntamientos y diputaciones. El Consejo de Ministros ha convertido en Real Decreto el convenio de la FEMP con Hacienda, para evitar un debate parlamentario. El voto positivo a este acuerdo de la alcaldesa de Castelló en a FEMP  no tendrá consecuencias en la ciudad, porque la capital de la Plana ya se había gastado sus remanentes.

EM/Castellón Información

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las Entidades Locales. Esta norma recoge el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permitirá incautarse los remanentes de las entidades locales a cambio de movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a lo que indique el Gobierno: programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.

La decisión de la FEMP, que aprobó el pasado lunes -con el voto de calidad del socialista Abel Caballero– el convenio con el Ministerio de Hacienda, por el cual se permite la incautación de los 14.000 millones de euros de los remanentes de las entidades locales, no tendrá posibilidad de ser abordada de nuevo en el Congreso de los Diputados, como esperaban los diferentes grupos políticos.

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez lo ha considerado ya como una decisión consumada, que ha traducido en un Real Decreto, y que ha ‘vendido’ a la opinión pública con el anuncio de la movilización de los 5.000 millones de euros a las entidades locales, a cambio de ese préstamo, a 10 años, de los 14.000 euros de ayuntamientos y diputaciones.

Según el Gobierno, todo son alabanzas porque esos 5.000 millones de euros “muestra su compromiso con las entidades locales al atender una de las peticiones históricas y permitir por primera vez que los remanentes acumulados a lo largo de los años se traduzcan en una mayor capacidad de gasto. También refuerza la autonomía local al incrementar sus ingresos y amplía la capacidad de la administración municipal para responder a las necesidades de los ciudadanos en un momento de emergencia sanitaria”.

Con esta estrategia informativa, el Gobierno intenta frenar el desconcierto y el descontento de las entidades locales, una vez que solo 12 personas de una comisión de la FEMP, ha decidido por todos ellos, sin la posibilidad de que ayuntamientos y diputaciones expresen por separado su desacuerdo.

Según la explicación oficial: “Así, los ayuntamientos podrán destinar los 5.000 millones a grandes áreas como la política de cuidados, la movilidad sostenible, la agenda urbana o el apoyo a la cultura. En concreto, y entre otras muchas medidas los municipios podrán utilizar los recursos que les transferirá el Estado para aumentar los servicios y programas para las personas mayores, dependientes o con discapacidad; reforzar el sistema de ayuda a domicilio y el servicio de Teleasistencia; mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia de género; construir y mejorar las escuelas infantiles entre 0 y 3 años; incrementar la vivienda en alquiler a precios asequibles; fomentar la movilidad sostenible con la construcción de carriles bici, desarrollar acciones en zonas de protección medioambiental o aprobar políticas de apoyo a la promoción cultural.”

Y es que lejos de las virtudes de la generosidad del Gobierno, lo cierto es que los famosos 5.000 millones se destinarán a las entidades locales, si, pero con condiciones y solo para los fines que el Gobierno considera prioritarios, sin respetar la autonomía de las entidades locales a trabajar con el dinero de sus vecinos para sus vecinos.

¿Un mecanismo voluntario?

En el mismo comunicado, el Gobierno explica que “La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución Española impiden que las Entidades Locales registren déficit. Ante esta situación, el Real Decreto-ley recoge el procedimiento acordado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, que permitirá a los ayuntamientos aumentar sus ingresos y, con ello, su capacidad de gasto, respetando la normativa vigente y permitiendo ofrecer servicios públicos de mayor calidad.

En concreto, el decreto establece que las Entidades Locales que así lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería

De esta manera, el acuerdo de la FEMP llega a convertirse en un Real Decreto que ‘se ofrece de forma voluntaria a las entidades locales…

¿Pero realmente es una opción voluntaria o es solo un chantaje, como lo definían los miembros políticos del PP o de Compromís?

Es cierto que ayuntamientos y diputaciones tenían vetado el gasto de estos remanentes por una serie de medidas que arrancaron con la Ley Montoro, para poder reducir el endeudamiento de estas instituciones.

Pero también lo es, que los ayuntamientos y diputaciones lo que solicitaban era un cambio en la legislación que les permitiera poder gastar estos remanentes y eliminar la famosa ley de gasto. Una petición que se hizo mucho más  necesaria con la pandemia de la Covid, porque los ayuntamientos y las diputaciones han tenido que afrontar numerosos gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria y de sus consecuencias económicas.

En lugar de aprobar esa petición de las entidades locales, la directiva de la  FEMP, del PSOE, lo que ha hecho es darle la vuelta al calcetín. Lo que se ofrece a los ayuntamientos es que todo su remanente pase a los fondos del Estado del Gobierno de España. Un volumen que rondaría los 14.000 millones de euros.

La contrapartida es la de poder recibir una parte (no se sabe cuanto) de esos 5.000 millones euros movilizados, pero para gastar solo en lo que el Gobierno autorice.

El voto de Amparo Marco

Pleno Castellón 300720 Marco 16

Entre los votos que dieron luz verde a aquel acuerdo, está el de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.

Tampoco existe una contradicción en esta operación. El Ayuntamiento de Castelló no tiene remanentes, porque, en su segunda modificación de crédito del 2020 sobre los presupuestos de 2019, acordó destinarlos en su totalidad a amortizar deuda bancaria.

De esta forma, el PSOE pudo hacer gala de disciplina de voto en la Asamblea de la FEMP sin. que ello afectara a los remanentes de la capital de la provincia.

Por esta razón, tanto Podemos como Compromís aprobaron la amortización de la deuda “para que el Gobierno no nos robe el dinero de los vecinos”.

Otra cosa será lo que ocurra en Diputación, donde si que hay remanentes, y de hecho varios millones de euros en el banco, y donde los socios de Gobierno no opinan lo mismo del Real Decreto de Sánchez.

 

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