“Tendremos todavía dos meses para temblar, pero somos optimistas y creemos que se puede controlar mejor la situación”
La Plataforma Anti Desahucios y su representante en el Ayuntamiento, el concejal Ignacio Vallejo, de Castelló en Moviment, han acogido con satisfacción tanto la firma del protocolo del Ayuntamiento y la Justicia, como las acciones de la Generalitat Valenciana, su negociación con los bancos, y la moratoria para que las ejecuciones señaladas esperen a la aprobación de la nueva Ley de la Vivienda Social. “Tendremos todavía dos meses para temblar, pero somos optimistas y creemos que se puede controlar mejor la situación”
Esperanza Molina/Castellón Información
La amenaza de los desahucios parece remitir, por fin, después de unos años tan angustiosos como desesperados. Todavía quedan muchos problemas por solventar, muchas familias en situaciones extremas, ejecuciones de hipotecas de primera vivienda sobre la mesa… pero ahora, por primera vez en mucho tiempo comienza a verse luz al final del túnel.
Porque ¿qué puede ser más angustioso que comprobar que las previsiones familiares no se han cumplido? ¿Qué los despidos, la bajada de salarios, las presiones de los bancos ponen contra la pared a familias que habían trabajado por tener a su nombre una vivienda digna?
Esta situación, que hace años podría parecer que solo afectaba a algunos colectivos aislados, relacionados con la exclusión social, se ha convertido en una ‘enfermedad’ que no mira razas, etnias, o nivel de estudios. Con el paro, muchas familias que vivían con cierta comodidad han pasado a sobrevivir a duras penas. Y el problema se agudiza con el pago de hipotecas sujetas a un nivel de ingresos que caído de forma traumática.
Ayer se firmaba en la Ciudad de la Justicia el convenio por el que el Ayuntamiento y la Audiencia colaborarán para buscar soluciones alternativas. Porque, como señala la Plataforma Anti Desahucios y su representante municipal, el concejal de Castelló en Moviment, Ignacio Vallejo, las soluciones hay que aportarlas antes, mejor que después; y hay alternativas para ello que pasan por: renegociar la situación de cada caso con los bancos, los importes de las hipotecas y sus plazos de ejecución, las ayudas y los apoyos sociales, e incluso, la posibilidad de modificar el estatus de propietarios por el de ‘alquiler social’.
Todo en función de un objetivo, mantener el acceso a una vivienda digna para toda la sociedad.
En este sentido ¿Qué puede ser mejor que encontrar soluciones que impidan el desalojo de una familia de su domicilio habitual, su primera vivienda?
El protocolo firmado entre el Ayuntamiento y el sector de la Justicia es solo un paso más. Lo fundamental es la orientación, el asesoramiento a las familias que se encuentran en estas situaciones para poder intervenir antes de que se llegue al paso de la ejecución. Y en este sentido, la Asociación Anti Desahucios estima que el protocolo será un paso decisivo. Como lo es también, la propuesta de colaboración realizada por la Generalitat Valenciana a los bancos; las moratorias en la ejecución de las hipotecas; la nueva Ley de Vivienda Social que elabora la Generalitat Valenciana, e incluso, las últimas sentencias del Tribunal Europeo que modifican la aplicación de los plazos para la tramitación de los desahucios.
“El volumen de ejecución de desahucios se ha reducido, indicaba Ignacio Vallejo, aunque todavía se producen casos, como en un goteo, en el que intentamos controlar todas las situaciones… Con las nuevas medidas se dará un paso fundamental… todavía temblaremos durante un par de meses por los casos que se nos puedan ir de control”. Pero ahora, al menos se reconoce el problema y se ponen medidas para solucionarlo.
Las nuevas medidas de la administración pasan también por la creación de un parque de viviendas sociales que puedan ser utilizadas en momentos de emergencia para realojar a las familias que puedan quedarse en la calle. Y en este caso, también, Ignacio Vallejo califica de positiva la inversión acordada entre la Conselleria de la Vivienda y el Ministerio de Fomento para la rehabilitación del Grupo San Lorenzo.
Pero desde Castelló en Moviment también quieren las cosas claras y eso se llama control y coordinación. Control de las diferentes situaciones de alerta social, y coordinación con los servicios sociales, a poder ser a través del Ayuntamiento, que es la institución más cercana.
Esta visión se traduce en: controlar el parque de viviendas sociales, quien la ocupa y cómo. Establecer alquileres sociales en función de los ingresos de cada familia para que exista un compromiso por parte de los beneficiados y no se caiga en errores históricos. El problema no se acaba cuando se cede una vivienda. Hay que hacer un seguimiento; conocer cómo evoluciona la situación de esa familia; determinar si cumple sus compromisos y acordar medidas de colaboración y convivencias para no generar otros problemas y otros conflictos sociales como los que se produjeron en San Lorenzo a finales de la década de los 80.
Esto no es un sistema de ‘toma, vivienda gratis’, sino de ayuda social y solidaridad pero con unos objetivos claros. Prestar el apoyo que necesitan las familias que se ven en peligro de exclusión social, pero también exigirles que cumplan con los compromisos adquiridos.
Y esto conlleva otras actuaciones no menos importantes. Según manifestaba Ignacio Vallejo, ayer su grupo mantuvo una reunión con una serie de colectivos que también denunciaban situaciones tremendamente injustas: las ayudas sociales en los casos de familias o colectivos que se dedican a vivir profesionalmente de ellas, sin poner nada de su parte y sin control de las administraciones.
Sobre esta denuncia, Vallejo admitía que colectivos nacionales y extranjeros han reconocido la existencia de esta picaresca. “Se dan casos de familias que reciben ayudas o auxilio social. El objetivo no es que vivan toda la vida de estas ayudas, sino que los auxilios les ayuden a sobrevivir mientras se soluciona su situación. También se dan casos de familias en las que varios de sus miembros reciben estos auxilios, la suma de todas ellas les aportan unos ingresos muy superiores a las de otras con varios hijos que muchas veces no reciben ninguna ayuda social”.
También hay que poner freno a esta situación, manifestaba Ignacio Vallejo. En el caso de los subsidios sociales de las administraciones, son más fáciles de controlar, y menos los aportados por las ONGs, pero habría que realizar una coordinación de auxilios y subsidios conjunta regulada desde el Ayuntamiento, con control de cada situación.
