La reclamación es fruto de la construcción de un parquing en el año 2008 del que más de diez años después no se ha vendido ninguna plaza
Castellón Información
La empresa Gimecons, anteriormente llamada Renos reclama a la Vilavella un reequilibrio económico-financiero y que se le restituya la inversión efectuada en el parquing subterráneo ubicado en la Plaça del Mercat, ya que la empresa sigue soportando el coste de amortización, mantenimiento y financiación de la infraestructura sin haber vendido ninguna de las 79 plazas existentes.
La obra de aparcamiento de automóviles para residentes, se inició en 2007 con una licitación inicial de 38 plazas, que en el proyecto final se convirtieron en casi 80.
El entonces Consistorio Municipal del Partido Popular, dictó un decreto autorizando la licencia de actividad en el verano de 2008 y desde entonces Gimecons ha gestionado la explotación del parquing sin vender ninguna de las 79 plazas.
Cabe decir que en las condiciones de adquisición de las plazas, no se transmite la propiedad de las mismas, sino el derecho real administrativo de concesión limitado en el tiempo; es decir, un derecho de uso de la plaza durante un tiempo determinado, sin que lleve asociado la propiedad de la misma.
El caso ya ha llegado al Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Castellón quien deberá dirimir sobre la responsabilidad o no del Ayuntamiento en alentar una obra que se demostró innecesaria, y que, además según la empresa se erró en la tipología de venta de las plazas ya que a los vecinos no les interesaba comprar una concesión administrativa. La empresa argumenta un error en la definición jurídica del régimen de transmisión de las plazas.
En el caso de que se confirmara la demanda de la empresa concesionaria y el Ayuntamiento debiera reponer la totalidad de la inversión efectuada, el importe ascendería a 1.545.120€, lo que supondría no poder realizar numerosas inversiones y proyectos para todos los habitantes del municipio puesto que la cifra equivale a la mitad del presupuesto municipal y una repercusión de unos 500 euros por habitante.
