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La diputada autonómica Mònica Àlvaro ha destacado que “obviamente nuestro objetivo es que no hay nadie que tenga que recurrir a estos bancos de alimentos, pero mientras des del Consell estamos haciendo grandes esfuerzos por revertir la situación de ruina que nos dejó el gobierno del PP, hay que garantizar que la gente no vea entorpecidos sus derechos”.
Compromís ha afirmado que a consecuencia de las modificaciones del PP, para acceder a los bancos de alimentos se exige que los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acrediten la situación de exclusión o vulnerabilidad de cada persona receptora. “Si este requisito viene derivado de una normativa europea, hay que buscar el método para reforzar estos servicios sociales que pueda emitir sin dilación los preceptivos informes”. En este sentido, Mulet y Àlvaro han coincidido en afirmar que “la emisión de estos informes se ha complicado debido al desmantelamiento de los servicios púbicos y de las competencias de los ayuntamientos impulsado por el PP, por eso debemos buscar mecanismos que agilicen y faciliten a las personas más necesitadas el acceso a los alimentos”. Compromís ha confiado en que el nuevo gobierno central sea más sensible con las necesidades básicas de la población, y se revierta esta política de recortes y trabas administrativas.
Por su parte, el senador castellonense de Compromís, Carles Mulet, ya ha presentado una pregunta escrita ante Gobierno exigiendo revierta la actual citación, después que e la respuestas a la preguntas parlamentarias 684/83325 a 684/84238 ( 191591 a 192923) el Gobierno justificase la resolución de 25 de febrero de 2015 por la cual se cambia el método para conceder a las personas las ayudas para beneficiarse de los bancos de alimentos.
El Gobierno poco más que aplaudía la normativa europea que en teoría obligaba que dificultaba el acceso a los alimentos, ya que en una de sus respuestas apunta que “la determinación de la situación de persona desfavorecida mediante informe de valoración realizado por profesionales públicos o de las entidades participantes, se estimó como la forma más objetiva y homogénea en cuanto a su implantación en todo el territorio nacional, así como la más sencilla para las organizaciones o entidades participantes en el programa de alimentos, ya que las personas desfavorecidas pueden acudir directamente a los servicios sociales públicos para la obtención de este informe y por tanto las entidades participantes no deben soportar la eventual carga de esta labor”.
Ante este documento, desde Compromís se advirtió “que las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada veían como cada vez se complicaba más el papeleo solicitado por el FEGA”. Desde Compromís añaden que “con la publicación de esta Resolución corre el grave peligro de que miles de entidades solidarias en todo el Estado Español se quedan sin poder suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio”.
La nueva normativa obliga a las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos a aportar un informe de Servicios Sociales por cada receptor de comida. Ello supone que las delegaciones más humildes de pequeños municipios como Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja local, Manos Unidas vean peligrar el futuro de su labor social por las dificultades administrativas.
La Mesa del Senado veta a Mulet una pregunta sobre el caso Fabra
La Mesa del Senado ha rechazado remitir al gobierno en funciones, una pregunta escrita formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet, referente a la relación del presidente en funciones, Mariano Rajoy, con Carlos Fabra.
Según Mulet “este tipo de preguntas no son singularizadas, sino realmente de interés general de la población, que necesitan saber hasta qué punto el presidente del Gobierno en funciones ha venido defendiendo a capa y espada a lo peor de la critopolítica; y muestras de ello ha sido permitir, como máximo dirigente de su partido, el blindaje de Barberá en el Senado”.
En ese sentido, el senador ecosocialista ha reiterado la arbitrariedad de la Mesa del Senado en sus decisiones “siempre hacen una interpretación del reglamento más que cuestionable; como cuando negaron el grupo propio a las confluencias, o vetan preguntas molestas al Gobierno en funciones, coartando de esta manera las actividades del resto de senadores, donde el control al Gobierno queda coartada a la hermenéutica partidista de un PP en mayoría en la mesa”
