Marisol Linares. Ex diputada del PP.
“La libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”. John F. Kennedy
El mes de mayo se caracteriza por muchos acontecimientos sociales, pero también, por ser el mes en que, por primera vez, las familias tienen que decidir y optar qué educación quieren para el futuro de sus hijos.
La libertad educativa está recogida en el artículo 27 de la Constitución Española. Esto quiere decir que nadie, ningún gobierno, puede pasar por encima de los padres para imponer un modelo educativo.
Por tanto, está claro y fuera de dudas que es un derecho constitucional que tienen los padres para decidir qué educación desean para que el futuro de sus hijos sea mejor, y que estén preparados y formados para afrontar los retos profesionales que les esperan en el futuro.
La educación ha sido uno de los pilares fundamentales de la acción política del PP cuando ha gobernado en España, pero, por desgracia, nunca ha llegado a poner en funcionamiento las leyes sobre educación que fueron derogadas de un plumazo por el partido socialista, lo que ha llevado a España a estar a la cola en los informes PISA.
Este ha sido el primer curso de la LOMCE del PP y por tanto, hasta el momento no se puede evaluar su eficacia, pero eso sí, todos los partidos están en contra de las misma sin saber cuál es el devenir de esta ley. Este es el lastre de los políticos que se llaman de progreso, y a lo que nos tiene acostumbrados la izquierda en España.
En la Comunidad Valenciana, el PP había conseguido poner en marcha dos cuestiones fundamentales en materia de educación: la libre elección de centro y el llamado distrito único. Estas dos cuestiones no son baladí, pues por un lado, los padres deciden libremente a qué centro desean llevar a sus hijos y, por otro, facilita a la familia, con el distrito único, hacer más fácil la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres. Eso sí que son avances sociales y medidas que benefician a toda la sociedad.
En cambio, el tripartito que gobierna esta Comunitat, llamado progresista, ha implantado una vez más una política educativa pensando en su ideología partidista y aplicando medidas retrógradas que, desencadenaron una multitudinaria manifestación de las familias en Valencia, exigiendo el cambio en la política educativa y la dimisión del señor Marzá.
Curiosamente el conseller contra replicó diciendo que las familias deben estar tranquilas, pues recolocará a los niños en los colegios donde haya vacantes, vulnerando, de esta forma, el derecho a decidir de los padres. Esto es pura demagogia de los llamados progresistas, pero en la sociedad ya no cuela. Los padres quieren libertad de elección de centro con ideario incluido, apelando a un derecho constitucional y a que, son ciudadanos que pagan sus impuestos y por lo tanto, exigen el derecho a una educación en libertad y no en lo que algunos partidos políticos quieren imponer.
Una vez más es el PP el que cree en la libertad de las personas con hechos constatables. Estos hechos nos tienen que hacer reflexionar a la hora de depositar nuestro voto, pues dejarse llevar por la propaganda mediática o por los populismos casposos nos retrotrae como sociedad a primeros de siglo XX.
