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viernes, 29 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:59

28+5 no son treinta y tres

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José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.

Veintiocho son los días de ciclo lunar que afecta a mareas,  la fertilidad de  campos,  crecimiento de ríos y un montón de cosas más, veintiocho son  las aulas de bachillerato  concertado que este año va a suprimir el conseller Marzá, previa negociación con la patronal, a la que asustó diciéndole que iba a por todo el bachiller, que si la comunidad valenciana era una anomalía en el Estado, que al no ser enseñanza obligatoria no tenía por qué concertar. Al final se acordó suprimir  31, pero, pero que cuando se presentaran alegaciones se atenderían alguna de ellas, de modo y manera que el número último estuviera en torno a las veintinueve, finalmente veintiocho.

Obviamente la manifestación en Valencia a principios de mes no estaba en el guión, ya que fueron los colegios afectados y no defendidos  por su patronal quienes se movilizaron, con más de cuarenta m ir personas en defensa no únicamente de esas aulas de bachillerato sino de la libertad de elección en la educación y en contra de la opresión, manipulación y encajonamiento que supone el ordenamiento jurídico introducido recientemente en educación, en donde la demanda social no importa en absoluto, es decir lo que hagan y quieran los padres es irrelevante.

Este pacto tenía obviamente un precio y fue asumido por la patronal: no llevar a cabo protesta ni acción alguna contra el decreto de plurilingüismo  que se pone en funcionamiento el próximo curso y que pretende erradicar el castellano de las aulas sin atender en absoluto a la realidad de las comarcas de nuestra tierra y en un claro planteamiento ideológico en el que como es norma en el gobierno actual de Compromís solo es válida la línea de pensamiento suya, que pretende copiar el modelo catalán no solo en su forma sino también en el fondo, con la diferencia que allí hay mayor libertad de elección de centro.

La prepotencia, la arrogancia pasa factura a los políticos, porque gobernar sin consenso tiene como consecuencia la efímera duración de las normas , incluso que tengan problemas hasta para entrar en vigor, y eso es lo que le ha pasado al Sr. Marzá, que se le han empezado a poner en la zapatilla de correr legislativa piedrecitas que le impiden galopar, algunas de tamaño considerable como la que esta misma semana le ponía el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al admitir a trámite irte el recurso contra esta ley interpuesto por la Diputación de  Alicante , accediendo a las medidas cautelares solicitadas, entre las que se encuentra la paralización preventiva de este decreto, concediendo a la Generalitat cinco días para recurrir.

Obviamente la estrategia de negociación no ha salido bien, porque suprimir 'solo' veintiocho aulas de bachillerato este año no está compensado con los cinco días para recurrir, ya que si no lo hace bien, todo el proceso de escolarización  llevado a cabo  en función de esas nuevas calificaciones de los colegios según las horas  de castellano o valenciano que imparten se va al garete y el lío puede ser mayúsculo.

Recordar humildemente al conseller y su equipo que hay que consensuar porque si no, los números no cuadran.