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jueves, 28 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:59

Distrito Único (II)

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José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.

Además de la disminución del número de alumnos por aula, el órdago para  acabar con la enseñanza concertada en nuestra comunidad comenzará con la publicación de la orden de escolarización del próximo curso, en la que siguiendo la hoja de ruta marcada, como decíamos en el artículo anterior y de un modo implacable enclaustrará a los alumnos en su zona de residencia, sin dejarle opciones reales de optar por otros colegios sostenidos con fondos públicos que no sean el de su barrio.

Se elimina en las ciudades grandes el distrito único, es decir la posibilidad de poder elegir el centro educativo que como padres mejor se adapte a los criterios de cada familia y se premia la cercanía al centro extraordinariamente, diez puntos nada menos, con lo que  va a resultar muy complicado salirse de la zona asignada por domicilio o por trabajo de los padres.

Se vuelve a abortar el proyecto de cada centro educativo, en el que los claustros deberán esforzarse por conseguir buenos resultados, ya no van a volver a haber diferencias entre colegios,  no podrán ser evaluados, pues ‘la clientela’  va a estar asegurada. Obviamente eso no va a pasar en localidades pequeñas, pero si en los núcleos urbanos  de mayor población y se volverá a aplicar el principio ‘el mejor colegio posible es el del barrio’.

Argumentar que es el colegio quien vertebra el barrio es pura demagogia, el barrio lo articulan sus gentes, sus comercios, su entorno. Al colegio se va a aprender y a formarse y si un colegio no funciona, no se debe a su ubicación en la inmensa mayoría de los casos, y eso lo sabemos todos.

Volveremos a la dinámica que los colegios no son públicos sino de los maestros, para quienes se está legislando, particularmente los afiliados a algún sindicato cercano a quien gobierna actualmente.

Añadamos a eso que pretende  el señor Marzá y su equipo  que  los colegios concertados vayan a ser incluidos en los famosos arreglos escolares, es decir que si sobran plazas en una zona, a pesar que el colegio concertado esté sobre demando, argumentando la subsidiaridad de la escuela concertada, podrá cerrarlo o eliminarle unidades en favor de las  semivacías aulas de la escuela pública.

La caza del octubre rojo ha comenzado y con amenazas veladas en esta orden, en la que se prohíbe cobrar por servicios educativos, vaya barbaridad, la educación por ley en España es gratuita, y más aún se prohíbe ‘exigir’ aportaciones  de las familias a  asociaciones.

Las Asociaciones de Padres y Madres de familia y de alumnos, están amparadas por el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley de asociaciones del año 2002 y otras que las complementan, en ellas hay un principio fundamental y reiterado hasta la saciedad, la libertad de asociación, es decir nadie está obligado a pertenecer a ninguna asociación, ni a pagar sus cuotas. Las normas de rango superior no necesitan de recordatorios en otras inferiores como lo es un decreto autonómico, salvo que se pretenda amedrantar, asustar o amenazar como lo parece en este caso.