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viernes, 29 de marzo de 2024 | Última actualización: 21:59

Arde Cataluña

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Jorge Fuentes. Embajador de España.

En los últimos días hemos oído con frecuencia la frase "con juicios y sentencias no se resolverá el problema catalán". Pablo Iglesias lo ha dicho de una forma más elaborada: "La judicialización del problema catalán es un error; el problema debe resolverse con instrumentos políticos".

Nadie esperaba que la sentencia del ‘procés’ calmara los ánimos y resolviera la cuestión catalana. Al contrario, desde hace meses veníamos temiendo las reacciones que sobrevendrían  tras la sentencia si ésta no era absolutoria. Aunque finalmente se excluyó la rebelión y todo quedó resumido a una cuestión de orden público, la pena (entre 13 y 9 años) está siendo considerada por los independentistas como excesiva.

Pero no es que se haya judicializado solo la cuestión catalana. Es que en toda España, el poder judicial está actuando más que nunca debido a la aparición del multipartidismo que han desvelado innumerables casos de corrupción, nepotismo, abuso de poder, apropiación indebida, prevaricación etc. . Y también desde que han proliferado los asesinatos, los raptos, la pedofilia, las violaciones, los robos, etc.

Lo cierto es que el poder judicial, que durante años había pasado desapercibido, ha tenido que entrar en acción para evitar la impunidad, para hacer que esa fea frase también muy repetida "El que la hace la paga", se convierta en realidad. Y ello es así tanto si se roba una cartera, si un político mete la mano en fondos públicos o si se da un golpe de Estado.

La sentencia del ‘procés’ fue bipolar porque de un lado escamoteo el intento de violar la Constitución buscando romper la unidad del país con la segregación de parte de su territorio, pero a la vez, pronunció penas considerables próximas a los cien años en conjunto.

Los separatistas catalanes se fijaron más en esta última abultada cifra que en la denominación de la sentencia. Imaginemos si la pena hubiera sido por rebelión y hubiera alcanzado los 200 años.

Cataluña lleva ya seis días de protestas, sin duda las más violentas que ha conocido España desde la guerra civil. 300 miembros de las fuerzas del orden han sido heridos, 140 manifestantes detenidos, el mayor aeropuerto del país ha sido asaltado con intento de ocupar las pistas y la torre de control, carreteras cortadas, miles de camiones inmovilizados, cientos de barricadas en las calles de distintas capitales catalanas.

Se ha intentado asaltar las delegaciones del gobierno y las comisarías de policía. Se ha incendiado docenas de coches, atacado furgones de policía, atentado contra un helicóptero. Incluso Madrid y San Sebastián se vieron contagiados por los violentos separatistas.

El Gobierno, entre tanto está haciendo un esfuerzo de contención, de moderación de proporcionalidad que a ojos de la ciudadanía se traduce en no hacer suficiente. 300 policías heridos es una cifra inaceptable y menos aún si se nos presenta como prueba de la proporcionalidad de la reacción policial; más bien prueba la insuficiencia de dicha reacción.

Torra sigue al frente de la Generalitat pese a su clara bipolaridad de bombero pirómano que insiste en el carácter pacífico del independentismo catalán  a la vez que arenga a los CDR ("¡Apretad!") y encabeza una de las marchas hacia Barcelona cerrando el tráfico en una de las carreteras de la comunidad.

Después de cinco días de gran violencia incomparable en cantidad y calidad con lo que se ha visto en Europa -los chalecos amarillos de París no intentaban romper Francia ni eran jaleados por Macron-, confiemos tras la huelga general y la traca final que la violencia amaine.

El independentismo catalán no tiene futuro en una Europa que busca su unidad, pero este descontento y tensión catalana me temo que si lo tiene y vamos a seguir notándolo porque los últimos acontecimientos no pueden quedar impunes: habrá nuevos juicios, nuevas sentencias -posiblemente alcanzando a Puigdemont, a Torra a Torrent y otros- y nuevas reacciones.

Por ahora Sánchez hace lo mínimo compatible  con evitar su desplome en la campaña electoral. No lo va a tener fácil quien se haga cargo del poder a partir del  10 de Noviembre. Si es que hay alguien que lo haga.