Jueves, 6 de agosto, 2020  |  

- 25 julio, 2020 -

José Antonio Rodríguez. Asesor fiscal. En este verano atípico, la actividad parlamentaria con calor, con prisas e incluso con cierta nocturnidad ha sido mucha.... No es el forro, ni el fuero, es la Educación

José Antonio Rodríguez. Asesor fiscal.

En este verano atípico, la actividad parlamentaria con calor, con prisas e incluso con cierta nocturnidad ha sido mucha. La pandemia y el acuerdo europeo de reparto de una cantidad tan grande de dinero, que si la traducimos a las antiguas pesetas no caben los ceros en las calculadoras, llenan los informativos diarios, pero ha sido un pequeño detalle en ese mundo de cifras con ceros infinitos el que ha hecho saltar la dinámica triunfalista de acuerdos a múltiples bandas por parte de Sánchez y los suyos.

Por primera vez se ha tumbado una propuesta del gobierno de mucho calado ideológico y social: el dinero destinado a educación del fondo de recuperación y que será necesario al menos durante el curso próximo para adaptarse a las circunstancias derivadas del covid-19 pretendían que solo fuera para los centros educativos de titularidad pública, descartando a los concertados, también sostenidos con fondos públicos, aunque de manera insuficiente.

La ministra Celaá en su radicalismo sobrevenido no calculó bien y en ese afán de complacencia a las tesis podemitas del que ha hecho gala en numerosas ocasiones, cruzó una línea roja, fina, inapreciable si quieren, pero de color intenso: creer que los tres millones y medio de familias con hijos en centros educativos concertados solo votan al PP.

Se equivocó al no considerar la diversidad ideológica de estos ciudadanos/votantes, de los que se nutren partidos políticos que no tienen como marca la defensa de la libertad de elección de centro por parte de las familias, pero que son conocedores que parte de su electorado lleva a sus hijos a colegios concertados.

La sociedad le ha dicho NO a un dictamen sectario, sin sentido, en el que más allá del coste económico que pueda tener, se trataba de poner otra pica más en Flandes: asfixiar a la red concertada, que por ende va a tener que adaptarse necesariamente a la situación actual para continuar con su tarea docente, debiendo asumir las familias el coste económico de una u otra forma.

Se volvería a repetir la anómala situación de siempre: las familias deben asumir extras por los servicios que no cubre un concierto económico insuficiente, bien por donaciones o por aportaciones a servicios extras. La reiterada discriminación ante una ley por la que todos tenemos derecho a una educación gratuita, universal y de libre elección, se volvería a hacer patente.

No son tiempos para jugar en exceso con el bolsillo de los ciudadanos, pues con la inestabilidad política en la que nos movemos es fácil que de la noche a la mañana se produzca de improviso un hecho que haga derrumbarse al gobierno y provocar unas elecciones generales.

Los partidos políticos son conscientes de ello y no han cedido a presiones de última hora y con cierto estupor ha visto el gobierno como le han tumbado esta propuesta sectaria.

Con las cosas de comer no se juega, y la Educación es una de ellas. En los gobiernos de izquierda no dimite nadie (en los de derecha casi tampoco), por lo que no es probable que veamos pedir disculpas y/o dimitir a la ministra.

Muchas cesiones, muchos intentos de cambio forzado impuesto, sin soporte social, no pueden quedar sin respuesta. El que en España aún funciona el estado de Derecho nos lo ha recordado la votación en contra de la propuesta gubernamental, confiemos en que no decaiga.

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