José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Los políticos cuando gobiernan se supone que han de velar por el bien común, no exclusivamente por ‘los suyos’; obviamente en las leyes que promulgan está su sello y su impronta, faltaría más. En el ámbito educativo el anterior ejecutivo se caracterizó por miedo a la hora de abordar una verdadera reforma del sistema educativo no contentando a nadie, ni a los titulares de colegios privados concertados por la escasa dotación de los conciertos ni a los trabajadores de la educación pública, pues a pesar de bombear cantidades ingentes en la época de las vacas gordas para infraestructuras y salarios, los resultados académicos no han dejado nunca de ser mediocres (tasa de abandono escolar antes de acabar la ESO superior al 30%).
No ocurre lo mismo con el actual equipo de gobierno , ni con su conseller el señor Marzá quien inició su mandato con la famosa frase "se ha acabado la barra libre para la concertada"..., y se ha marcado una clara hoja de ruta con la que pretende conseguir llenar las semivacías aulas de los colegios públicos (una de cada cuatro plazas ofertadas está libre) a costa de cercenar la libertad de las familias, primeros educadores por derecho natural, en la elección de centro escolar, creando verdaderos ‘guetos’ en aquellas poblaciones en las que hay la oferta educativa es plural y variada.
Sin dilación entrará en vigor una orden que disminuye la ratio máxima por aula de 30 a 25 alumnos en educación infantil y primaria y de 35 a 30 en educación secundaria.
Serán los centros concertados mayoritariamente quienes la disminuyan, pues más del ochenta y cinco por ciento de los centros públicos nunca aplicaron la subida de la ratio que promovió por la crisis la anterior Consellera de educación, pues argumentaron que las aulas eran pequeñas y acogiéndose a la norma de la necesidad de 1,5 metros cuadrados por alumno no les cabían más. Si añadimos el hecho que de cada cuatro plazas ofertadas hay una vacante en los colegios de titularidad pública, lo cierto es que esta orden queda como un brindis al sol, perfecto ante los sindicatos radicales de izquierdas, pero que va a afectar a muy pocos colegios y muy pocos alumnos.
Aquí en la ciudad de Castellón de la Plana solo tres o cuatro colegios de educación infantil y primaria se encuentran en esta situación, el resto están muy por debajo no ya de los treinta, sino de los futuros veinticinco alumnos. Bien distinta es la realidad en los colegios concertados en los que las aulas se encuentran casi al cien por cien de la ratio máxima en todos los cursos de educación primaria y secundaria. ¿Por qué será?
Con esta orden el señor Marzá conseguirá, solo en Castellón ciudad, que el próximo curso que sesenta niños de tres años no puedan ser escolarizados en colegios concertados, a tenor de los últimos datos que nos dicen que todos ellos han recibido para este curso más demanda de plazas que las que la ratio actual les permite ofertar. Empezamos a llenar aulas, primer asalto.
