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- 3 septiembre, 2017 -

José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal. Como un reguero de pólvora ha corrido la noticia de la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzá, después... Por mis… decreto ley

José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.

Como un reguero de pólvora ha corrido la noticia de la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzá, después de la  última reunión del Consell  para anunciar el decreto ley que tiene como objeto definir el modelo educativo de los alumnos de tres años matriculados para el curso 2017/2018.

Podríamos verlo  como uno de los más de veinticinco  promulgados por el gobierno autonómico desde que fue introducida esta figura jurídica en la reforma de nuestro Estatut del año 2006, revestido del carácter de excepcionalidad y temporalidad.

Ahora bien, si profundizamos un poco en esta figura jurídica, observamos que se trata de la utilización de una figura jurídica de un modo totalmente inapropiado y utilizada políticamente de un modo  retorcido que evita tener que postergar la puesta en marcha del famoso decreto de plurilingüismo suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.(TSJCV).

Desde estas líneas se ha repetido en multitud de ocasiones que la educación necesita tranquilidad y planificación a largo plazo, sin medidas improvisadas, sin parcheo continuo y mucho menos con la implantación de medidas por vericuetos dudosamente legales. Este decreto ley es un ejemplo de cómo no se debe actuar.

El decreto ley presenta la gran ventaja para quien lo firma que solo puede ser anulado por el Tribunal Constitucional (TC) a propuesta de un grupo de más de cincuenta senadores o diputados.

Además no se pueden introducir modificaciones en Les Corts Valencianes; únicamente convalidarse en el plazo de treinta días desde su promulgación, estando prevista para el próximo día seis. Añadamos a ello que aunque se presentara por Génova este recurso, que hay que medirlo mucho, la respuesta del TC no tendrá ni mucho menos la inmediatez que ha tenido el TSJCV.

De un modo ladino se han saltado la decisión del más alto tribunal de la Comunitat, y no solo eso, sino  erre que erre ha implantado un sistema prácticamente igual al que fue anulado; aunque lo realmente lamentable es que para ello le haya tenido que darle carácter de temporalidad reducida en el tiempo, solo el próximo curso escolar que comienza el día once de septiembre; para un grupo reducido de alumnos, los de tres años , aproximadamente el 5% y aduciendo carácter de urgencia, y cumplir así los requisitos legales para su promulgación.

El decreto ley tiene un límite y es el que se refiera a los derechos consagradas en el título I de la Constitución y entre ellos está los del artículo 27, que referidos a la educación parecen haber sido vulnerados y de ahí la afirmación anterior de situarse este decreto Ley en un terreno pantanoso.

Me pregunto si no hubiera sido más práctico, sensato y coherente haber dejado para el próximo curso la implantación de un nuevo decreto sobre plurilingüismo, sin prisas, sin  condicionantes judiciales, dando la imagen de prudencia  y serenidad, justo lo contrario a lo hecho, que vuelve a llenar de incertidumbre a las familias de esos niños de tres años que por primera acceden muchos de ellos a nuestro sistema educativo. Se ha equivocado una vez más señor Marzá.

 

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  • El pluringuismo hace decades que se esta dando con la maxima en los centros o Aulas de linea en Catalan camuflado como Valenciano. Lo que se intenta es anular el Castellano a minimos.

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  • Ver para creer. ” Por mis ….. ” …..HUEVOS.
    Això, no te ni cap ni peus. Mes malament no poden fero aquesta gent., una verdadera pena.
    Pos si , aixina es i com solem dir a la Plana, ” pera castanyes les meues ” ¿ veritat sr. Marzà ?..Si tingueres un poc de trellat, presentaries la dimisiò .

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