El presidente de la Generalitat y la dirección del centro ‘se enrocan’ en la regularización de un 'clientelismo heredado'
Los despidos improcedentes del Hospital Provincial de Castellón, realizados por la consellera Carmen Montón, pueden costarle a las arcas públicas, de momento, más de 300.000 euros. Las decisiones judiciales han puesto en pie de guerra a las administraciones. Mientras el presidente de la Generalitat y la Dirección del Centro se enrocan sobre el concepto de regularización heredada, los sindicatos critican que ‘la broma’ o ‘el capricho de Montón’ tenga que ser financiado con el dinero de los ciudadanos.
Esperanza Molina /Castellón Información
El Juzgado de lo Social número dos de Castellón declaraba nulo uno de los 17 despidos, aprobado por el Hospital Provincial y la conselleria de Sanidad el pasado 25 de octubre.
Pero la noticia no llegó sola. El mismo centro y la Conselleria se apresuraron a ‘negociar’ con otros siete despedidos del Provincial en el mismo Juzgado. El acuerdo al que llegaron las partes, con el visto bueno de juzgado, fue el de admitir que los siete despidos fueron ‘Improcedentes’.
Eso significa varias cosas. En el primero de los casos, el de la anulación del despido de la bióloga, la Generalitat tiene opción de recurrir la sentencia, y llevarla al Tribunal Superior de Justicia. En este caso, vista la sentencia y el acuerdo de la conselleria de Sanidad con los otros siete despidos, lo peor que podría pasarle a la bióloga, comentan fuentes consultadas, es que el Juzgado declarara improcedente y no nulo su cese.
En lo que respecta a los otros siete despidos improcedentes, la dirección del Hospital y la Conselleria pueden, a su vez, determinar si indemnizan o readmiten.
En cualquiera de los casos, la decisión conlleva un coste económico que tendrá que ser asumido por las arcas públicas, o lo que es lo mismo, con el dinero de todos los ciudadanos.
Y eso, solo de momento, porque todavía hay nueve casos más de los 17 ceses de octubre, que se irán viendo en el tribunal o deberán ser pactados durante los próximos meses.
La ‘broma’, si Conselleria y Consorcio deciden indemnizar, puede subir, comentaban fuentes sindicales, por encima de los 300.000 euros, además del gasto de contratación de un informe de la UJI, que el juzgado ha desacreditado en cuanto a su contenido y su forma.
Preguntado sobre el tema, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, esta mañana, tiraba balones fuera. Tanto el presidente como la Dirección del centro se han enrocado sobre el proceso, al afirmar que su obligación era “regularizar la función pública”. En ambos casos se habla de la herencia recibida, y del clientelismo de la institución.
Con eso, no se explica qué es lo que va a hacer la Conselleria de Sanidad. La readmisión de los trabajadores costará dinero, señalaban fuentes de Comisiones obreras, porque se deberá pagar a esos trabajadores los sueldos que han dejado de percibir. Pero al mismo tiempo, su indemnización sin readmisión, también conllevará un coste económico, porque las indemnizaciones deberán abonarse, en función del acuerdo y el reconocimiento de la Conselleria de que fueron despidos improcedentes. En este caso ya no hay recurso que valga.
Y se podría dar también otro caso, el de trabajadores cesados de forma improcedente que luego hayan sido contratados por la Conselleria de Sanidad para otros centros, en cuyo caso podrían tener derecho a indemnización sin pasar ya directamente por la readmisión.
El problema, plantea comisiones Obreras, es la sinrazón de todo un proceso, en el que se han vulnerado los derechos de los trabajadores con el ánimo de desmantelar el centro Hospitalario. Y eso, afirman las mismas fuentes “por un capricho de la consellera Montón”.
Si esto hubiera pasado en una empresa privada, indicaban las mismas fuentes, seguramente hubieran rodado cabezas, porque ese coste económico de una mala decisión hubiera tenido que ser asumido de forma privada. Pero en una empresa pública, serán todos los ciudadanos los que tengan de pagar de su bolsillo tanto desatino.
El presidente de la Diputación, Javier Moliner ha pedido la “readmisión de los despedidos”. El presidente de la Generaitat, Puig, ha señalado por su parte “que se actuará según la ley”. Pero ¿qué ley?. ¿La de indemnizar o la de readmitir según sentencia? ¿Quién va a pagarlo?.
Castellón Información adjunta los comunicados remitidos por Comisiones obreras, y el del Hospital Provincial para que el lector pueda tener acceso directo a sus posicionamientos.
Nuevo revés a Montón por la nulidad v la improcedencia de los despidos en el provincial
“Ccoo-Chpcs aplaude la decisión de la justicia de declarar el primero de los despidos del provincial como nulo y los siete siguientes como improcedentes, en aval de los derechos laborales que la consellera de sanidad y la Dirección del centro, su mano ejecutora, no dudan en pisotear en el hospital provincial.
La vía jurídica ha demostrado, tal y como Ccoo-Chpcs ha venido denunciando desde que se produjeran, que los despidos realizados en el Consorcio en noviembre de 2016 no se ajustan a derecho, invalidando así con la decisión de declarar la nulidad del primer despido juzgado y la improcedencia de los siete siguientes, la
justificación argüida por la administración del informe de la Universitat Jaume I, así como el procedimiento empleado, ambos utilizados por la ejecutiva de Montón de manera engañosa y dirigida a fin de legitimar la destrucción del empleo público.
Un procedimiento que fue irregular, soslayando de derechos laborales, que fiie aprobado por la Conselleria de Sanidad e implementado por la Dirección del centro totalmente al margen de la negociación colectiva, quienes ahora así lo reconocen y admiten por cuanto la administración pactó la improcedencia de los despidos, postura que nunca se hubiere producido de haber tenido afianzada la seguridad jurídica tanto del acto del despido como de la legitimidad del procedimiento.
Además, resulta inconcebible que una administración pública se dedique e inviertasus recursos en destruir el empleo público, adelgazando los recursos sanitarios y el servicio público, prefiriendo pagar indemnizaciones a salarios, y obligando a los trabajadores a recurrir a la vía judicial en defensa de sus derechos.
Desde Ccoo-Chpcs estamos satisfechos con la resolución de la justicia en soporte y garantía de los derechos de los trabajadores, e instamos a la Conselleria y a la Dirección del centro, a readmitir a todos los trabajadores despedidos, en protección del empleo público, y dejando de gastar el dinero público en indemnizaciones que únicamente logran la destrucción de puestos de trabajo.
Asimismo, entendemos que tanto la señora Montón como la Dirección del Consorcio, en vista de los acontecimientos, deben asumir las responsabilidades que pueda haber implícitas en el hecho de haber practicado despidos de personal al margen de la reglamentación laboral.”
Sanchís: “La dirección ha resuelto contrataciones irregulares que se arrastraban durante años”
“El director gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchís, manifestó hoy que el equipo directivo del centro “ha resuelto un problema heredado como las irregularidades en contratación laboral que se arrastraban durante cerca de una década”.
En este sentido, explicó que había 124 contrataciones irregulares en fraude de ley, puesto que “estas contrataciones se realizaron sin que las plazas estuvieran estructuradas”.
El gerente recordó que “en 2014 el Tribunal de Arbitraje Laboral instó a la anterior dirección a resolver este problema y se le dio un plazo de seis meses que no cumplió”.
“Ha sido esta dirección quien ha regularizado la situación”, aseguró Sanchís, quien detalló que de esos 124 contratos, 17 de ellos no tenían justificación para ser considerados estructurales como es el caso de medicina deportiva, una especialidad que no está incluida en la cartera de servicios de la Conselleria de Sanitat”.
“Por ello, cuando esos 17 contratos finalizaron no se prorrogaron”, dijo Sanchís, quien destacó la creación de 109 empleos de naturaleza estructural, con lo que “hemos sustituido trabajo precario por trabajo de calidad y estable, que es lo que se merece un hospital de calidad como éste”.
“No obstante -añadió el gerente- es evidente que los trabajadores tienen derechos legítimos de reclamación y cuando estas situaciones de contrataciones irregulares se llevan a los tribunales eventualmente se les puede reconocer a los trabajadores derechos”.
