Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.
Cuando la política educativa es liderada por un partido nacionalista junto con una comparsa que se dedica a predicar que ‘España es una nación de naciones’ solo queda esperar el caos en el sistema educativo.
Y este caos aterrizó en la Comunitat Valenciana desde el mismo momento que el President Ximo Puig decidió regalar la cartera de educación a un partido que se mira en el mismo espejo que los partidos independistas catalanes, porque poseen la misma cadena de ADN. Por este motivo, se nutren de las mismas políticas sectarias que buscan enfrentar a los valencianos.
Sin disimulo alguno han dictado su hoja de ruta a la catalana, primero imponiéndonos un decreto del modelo lingüístico valenciano que vulnera los derechos fundamentales de los educandos.
Un decreto paralizado por el TSJCV por considerarlo discriminatorio hacia el alumnado que decidía elegir como lengua vehicular de estudio el castellano. Tras la sentencia, el gobierno ha decidido burlar la decisión del TSJCV con sus tramperías desarrollando un decreto ley que solo se puede utilizar en casos excepcionales.
El Consell alega la urgencia de este decreto y yo alego la poca vergüenza al mismo y el poco respeto a la comunidad educativa. Pues no se puede utilizar esta excepcionalidad cuando el conseller Marzà es conocedor de la suspensión del decreto desde mayo y ha dejado pasar el tiempo para imponer su plan B.
Se trata de un parche para burlar la sentencia al no existir vacío normativo al disponer del decreto del 2012, que es el que hay que aplicar. Por lo tanto, no existe excepcionalidad ni urgencia, y esta medida apunta a la ‘inconstitucionalidad’ por perjudicar a los derechos de los valencianos al privarles de la oportunidad de recurrirlo.
Es más, con la aprobación de este decreto ley se está condenando a la ineficacia una resolución judicial. Aquí el respeto no se tiene ni a las sentencias que se dictan.
Pero el problema se agrava con el inicio del curso académico. Aunque el conseller Marzà dice que se inicia con “normalidad” y además añade que los directores de los centros educativos están “tranquilos y agradecidos” por la solución ofrecida, opino que esta premisa se hace bajo una realidad distorsionada cuando tiene en pie de guerra a la comunidad educativa.
Yo no entiendo que sea ‘normal’ que a una semana del inicio de curso se ofrezcan las directrices a seguir a los centros y que el mismo día de inicio se solicite la aprobación de este decreto ley en las Cortes Valencianas.
Respecto a la tranquilidad, que pregunten a toda la comunidad educativa si el caos que ha ocasionado permite conciliarles el sueño. Más bien, se ha sometido a un proceso de estrés a los directores por mantenerlos en la más absoluta incertidumbre hasta el 1 de septiembre y ahora deben adaptar los programas educativos bajo presión temporal.
Finalmente, del tema de los agradecimientos casi obviaré cualquier tipo de comentario, lo dejaremos para un chiste. Parece que el Gobierno vive en un mundo paralelo al de la sociedad valenciana, porque solo hay que leer foros, prensa y salir a la calle para saber que el descontento por la gestión educativa es compartido.
