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“El proyecto Castor es el gran símbolo de lo que el PSOE ha hecho por la provincia de Castellón. Es el regalo envenenado de los socialistas a todos los castellonenses, con tal de garantizar a la empresa 1.800 millones de euros que pagaremos no solo los castellonenses, sino todos los españoles”, ha declarado el vicesecretario responsable de la zona Norte del Partido Popular en la provincia de Castellón, Andrés Martínez.
“Resulta lamentable que el Gobierno socialista aprobara clausulas abusivas a favor de la empresa y en contra de nuestro territorio y sus gentes, y ahora el PSOE pida todo lo contrario. El informe del Instituto Geográfico Nacional no hace sino confirmar las sospechas que desde el primer momento tuvimos desde la Diputación y los municipios afectados, y demuestran que es más necesario que necesario depurar la responsabilidad de quienes, sentados en el Consejo de Ministros, firmaron las autorizaciones para que se ejecutara una obra de 1.800 millones de euros sin tener todas las garantías de seguridad para las instalaciones y para la población”, ha indicado Martínez.
“Por tanto, es necesario que se reúna toda la documentación necesaria para que no quede impune una decisión tomada por el Gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba, que puede costar a los españoles 1.800 millones de euros, que es sin duda el ejemplo vivo de despilfarro de recursos públicos”, ha enfatizado el responsable de la zona norte del PPCS.
Impulsado por el presidente y cuatro ministros del PSOE
Cabe destacar que el pasado mes de octubre el presidente provincial del PPCS, Javier Moliner, ya indicó la posibilidad de denunciar la los responsables de esta situación. Hay que recordar que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia exclusiva del Gobierno central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
Además de que todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc -ahora Compromís- que pese a no asumir competencias, propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu.
