Noticias Castellón
martes, 23 de abril de 2024 | Última actualización: 10:25

Benlloch no descarta emprender acciones legales contra quienes aprobaron el PAI de Fritta

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 39 segundos

Noticias Relacionadas

El munícipe asegura que se sigue analizando todo el proceso que siguió este planeamiento urbanístico.

Prevén requerir justificantes que garanticen quiénes son realmente los propietarios.

Clara Parra Roncero

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló, el pasado año, las modificaciones de las manzanas 532 y 533 del Plan General de Ordenación Urbana, que corresponden al antiguo solar de la empresa Fritta, por “violar el justo reparto de las cargas y las ventajas del planeamiento”, según reza la sentencia, a la que ni el Consistorio ni la Generalitat decidieron recurrir porque los informes técnicos fueron desfavorables.

Una zona que el entonces equipo de gobierno, de Juan José Rubert, decidió cambiar de suelo industrial a urbanizable para que pudieran construirse viviendas de hasta veinte alturas pero que los tribunales echaron atrás por lo que la propietaria de los terrenos, la rama inmobiliaria del banco Santander, exigió formalmente, al Ayuntamiento y a la Generalitat, como responsables solidarios, una indemnización de 14,3 millones de euros por los daños que esto le había supuesto.

IMG_5978Desde entonces, en el Consistorio se sigue trabajando para conocer todos los pormenores que rodearon la actuación urbanística que luego salió fallida, según ha explicado el alcalde, José Benlloch, quien ha avanzado que se requerirá un justificante a los reclamantes para que acrediten que ellos son los “dueños verdaderamente de esos terrenos”.

Además, el edil ha asegurado que hasta que no se aporte esa documentación “no se decidirá nada” a expensas también de acabar de analizar todo el expediente de “este pelotazo urbanístico para ver si hay responsabilidades más allá de las acciones de defensa ya sea de tipo políticas o judiciales”.

Desde el Consistorio recuerdan que el pago de esa indemnización supondría una ruina para las arcas municipales ya que de un plumazo habría que destinar más de 14 millones de euros a este pago.