El alcalde de Vila-real revela dos nuevos fallos judiciales por expropiaciones que suponen un sobrecoste de 400.000 y cerca de 1,2 millones de euros y advierte: “no permitiremos que la gestión irresponsable del PP impida avanzar a la ciudad”.
El ayuntamiento de Vila-real ha recibido recientemente la notificación de dos nuevas sentencias urbanísticas por expropiaciones de suelo realizadas en la anterior legislatura que suponen un sobrecoste de 1,6 millones de euros para las arcas municipales. Así, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha querido informar a la ciudadanía sobre estas nuevas sentencias urbanísticas y ha anunciado la intención del equipo de gobierno de abrir un proceso de negociaciones con los propietarios de terrenos con sentencia firme o en diferentes procesos judiciales para intentar llegar a acuerdos y convenios que permitan el pago aplazado de esta deuda.
De este modo, el primer edil, advierte: “no vamos a permitir que la gestión irresponsable del Partido Popular que ha provocado esta situación impida que la ciudad de Vila-real siga avanzando. En los últimos cuatro años de gobierno municipal PP la única preocupación fue la de inaugurar sin más, aunque para ello hubiera que expropiar a los ciudadanos por cantidades en ocasiones ridículas, como después han reconocido los tribunales”. Benlloch, además, recuerda que, en el caso del PAI Madrigal, “se han pagado ya 2,5 millones de euros en sobrecostes por sentencias urbanísticas”. A esta cantidad se añade ahora la notificación de dos nuevos fallos: la expropiación de los terrenos donde se ubica el colegio Angelina Abad –expropiados por 462.233 euros y valorados ahora en sentencia firme por el Tribunal Supremo en 803.346 euros- y el solar donde se anunció la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas en Vila-real, que fue expropiado por 72.000 euros frente a los 1.234.985 euros en los que el TSJCV valora ahora el terreno. En este último caso, la intención del equipo de gobierno es la de recurrir el fallo, teniendo en cuenta que la Generalitat “no ha construido y ya no tiene intención de construir la EOI en la ciudad. La gestión urbanística del Partido Popular nos obligará ahora a buscar de donde sea 500.000 euros, teniendo en cuenta los intereses, de donde sea para hacer frente a este pago, además de todo lo que puede venir en otros procesos judiciales abiertos como el caso del jardín Botànic Calduch, el Molí la Vila, el colegio José Soriano, el jardín Jaume I o el convento de las dominicas”.
Por último, Benlloch ha mostrado también la “preocupación del equipo de gobierno por el riesgo de derechos de aprovechamiento generados por el anterior ejecutivo local en convenios urbanísticos que algunos propietarios ya están también empezando a reclamar. En ningún caso se trata de que no creamos que esas infraestructuras fueran necesarias, como ha intentado manipular el PP, pero nunca a cualquier precio”. Ante esta situación, el alcalde ha anunciado la intención del equipo de gobierno de “iniciar contactos en aquellos casos que cuenten con sentencia firme para poder firmar convenios con los propietarios y llegar a acuerdos que permitan el pago aplazado de esta deuda”.
