Castellón Información
Una década después de que se iniciara las obras de Villa Elisa para transformarla en un espacio público, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués ha solicitado al departamento de Intervención municipal que inicie el expediente para pedir por vía legal el pago de la deuda de la Generalitat por las obras de Villa Elisa. Según se afirma desde el Equipo de Gobierno, "el gobierno valenciano debe a los benicenses, 1,4 millones de euros desde 2008".
El pleno del mes de marzo de 2016 aprobó por unanimidad, dar un plazo de un año a la Generalitat para que incluyese el pago de la deuda en sus presupuestos generales o que confirmase un plan de pagos firme y creíble. Sin embargo, el plazo se ha cumplido y, el gobierno valenciano sigue dando la callada por respuesta.
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e hecho, hace más de un mes que se le reiteró al conseller, Vicent Marzá, la petición de que hiciese valer el compromiso adquirido en la visita de la alcaldesa a su despacho, pero tampoco de ese escrito se ha tenido respuesta. Susana Marqués ha apuntado que “es un tema que ya sobrepasa lo comprensible y se ha convertido en un ataque dirigido y certero contra Benicàssim. Es un castigo que la conselleria inflige a aquellos municipios que no son de su cuerda ni le aplauden las gracias. Pues aquí no vamos a aplaudir a quienes son deudores e incumplen su palabra. Ya estamos hartos de que se nos tome el pelo y vamos a tomar cartas en el asunto para hacer valer el derecho de cobro de nuestra ciudad”.
La Generalitat adeuda en estos momentos a Benicàssim un total de 1.452.602,49 euros de la obra que se ejecutó en su día y que adelantó el ayuntamiento desde las arcas municipales. El impago de esa cantidad y el abandono total del proyecto por parte del Gobierno valenciano, han colmatado el vaso de la paciencia municipal que inicia ahora todos los trámites para pedir por vía judicial el abono de las cantidades impagadas.
Además la declaración institucional recogía también la exigencia de que se retomaran la obras o que, en el caso de no querer hacerlo, el ayuntamiento pueda dar por rescindido el contrato y que se el municipio pueda buscar alternativas para la rehabilitación de la villa y su gestión cultural y patrimonial.
