La sección segunda juzga mañana a un recluso y a su madre por introducir droga en la prisión de Castellón II
Castellón Información
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga mañana martes, 23 de abril, a un hombre acusado de arrancarle parte de una oreja a otro y de arrollar con su coche a tres personas, a las que también lesionó. Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2014 cuando el acusado, acompañado de unos amigos, intentó entrar en un bar de la Vall d’Uixó, que ya estaba cerrado, y en cuyo interior se encontraba el hijo de la dueña con unos amigos.
Según relata el fiscal en su escrito, el acusado golpeó la verja del establecimiento por lo que el responsable salió a la calle para frenar esa conducta y pedirle que se marchara. En ese momento se inició una pelea entre ambos en la que se propinaron puñetazos y patadas hasta que el acusado le mordió la oreja derecha a la víctima y le arrancó parte de la misma. A continuación, el agresor se subió a un todoterreno, circuló marcha atrás a gran velocidad y embistió a tres personas que se encontraban en la calle en ese momento.
El fiscal pide para el acusado una pena de siete años de prisión por dos delitos de lesiones, uno de ellos con instrumento peligroso.
Juzgan a un recluso y a su madre por introducir droga en la cárcel
Por otro lado, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, juzgan mañana a un recluso de la prisión de Castellón II y a su madre acusados de introducir droga en el centro penitenciario que pensaban destinar a la venta. Los hechos se produjeron en junio de 2017 cuando, después de un vis a vis con su madre, también acusada en esta causa, los funcionarios le realizaron al interno una placa de rayos mediante la que detectaron 9 globos en el interior de su cuerpo. Dentro de los globos se contabilizaron más de 80 gramos de hachís y cerca de un gramo de heroína que, según el fiscal, le había entregado su madre y pensaba dedicar a la venta en el interior de la prisión.
La acusación pública pide para cada uno de los dos acusados una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública.
