Begoña Carrasco. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón
Por la libertad de elección de las familias y alumnos. Por la educación pública y concertada y sus profesores. Por los niños de la educación especial, y sus padres y educadores. Por nuestros derechos fundamentales y constitucionales. #NoALaLeyCelaá
El Gobierno de Pedro Sánchez está dedicando todo su empeño a derribar nuestro sistema constitucional, empezando por permitir los ataques a la máxima institución del Estado, la Corona, e interviniendo, de manera directa, y sin ningún tipo de rubor, en el conjunto de derechos y libertades que componen nuestro sistema democrático. Y todo por mantener su sillón presidencial a cualquier precio. En este tiempo, ha traspasado todas las líneas rojas en asuntos como la independencia judicial y la separación de poderes, la libertad de prensa, la libertad de expresión y opinión, el derecho a la propiedad privada… y el derecho a la libertad educativa.
No, señora Celaá. Los hijos sí son de los padres. Desde luego, lo que no son, ni serán nunca, es del Gobierno o del PSOE, que es lo que pretende con la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), y que bajo ningún concepto va a servir para mejorar la calidad educativa de las nuevas generaciones de españoles, frente a un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Precisamente, lo que va a promover es justamente lo contrario, con el trasfondo único de contentar a los grupos independentistas, con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2021.
No, el fin no justifica los medios. Por eso, desde el Partido Popular de la ciudad de Castellón, hemos promovido una declaración institucional urgente con el fin de que todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castellón defiendan la libertad educativa y de los padres a elegir cómo quieren que sea la educación de sus hijos.
Pedimos respeto y apoyo para las tres redes educativas, esto es, pública, concertada y privada, y pedimos que el Estado cumpla con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de los dos sistemas, además de equiparar también las condiciones laborales, salariales y de horario de los profesionales docentes y no docentes de la escuela pública y la concertada.
También pedimos el máximo respeto a que el castellano siga siendo una lengua vehicular en toda España, cumpliendo lo que fija nuestra Constitución, para que no quede por debajo de las lenguas cooficiales de cada autonomía. Y por último, también pedimos respeto a la asignatura de Religión.
La educación no se impone. Es un derecho y se ejerce en libertad. Señor Sánchez, saque sus zarpas de la educación de nuestros hijos y familias.
