Vicente Soler: es necesario evaluar el coste de las competencias para que se asignen proporcionalmente los recursos que les correspondan
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha participado esta tarde en una mesa redonda sobre la financiación local y las propuestas de reforma junto a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; Xulio Ferreiro Baamonde, alcalde de A Coruña; Dolors Sabater Puig, alcaldesa de Badalona; Gerardo Pisarello Prados, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y Ramón Vilar Zanón, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, institución que ha organizado la jornada.
Según el comunicado remitido por el Ayuntamiento sobre el desarrollo de la mesa redonda, La alcaldesa ha explicado que “el ayuntamiento es el primero en dar la cara, es la primera administración a la que acude el ciudadano. Los vecinos no entienden de competencias entienden de soluciones y por eso tenemos que tener una mejor financiación” ha explicado. Por ello, ha abogado por explorar todas las vías y que “se nos dé libertad para impulsar una política fiscal progresiva donde se combatan las injusticias, una política fiscal valiente para que paguen más los que más tienen. Tenemos que saber en qué casos podemos aplicar exenciones y como incentivar políticas que potencien el uso de viviendas vacías”.
Marco ha indicado que el debate de fondo es el de aclarar la realidad sobre los servicios prestados a los ciudadanos por las diferentes administraciones. “Y una vez aclaradas las responsabilidades de cada administración, será necesario establecer una nueva financiación local basada en dos elementos principales: un sistema fiscal propio y las transferencias incondicionales del Estado y la comunidad autónoma. Todo ello teniendo en cuenta el tamaño de los municipios, ya que no es lo mismo la prestación de servicios en una gran ciudad que un municipio pequeño”.
Para la máxima representante del Ayuntamiento de Castellón, el nuevo sistema de financiación local debe dotar a las entidades locales de los instrumentos y mecanismos financieros adecuados que les permitan adaptarse a la realidad social y dar cumplimiento a los compromisos con la ciudadanía”. Y para conseguirlo hay dos exigencias básicas: la suficiencia financiera y la autonomía municipal, ha añadido.
En cuanto al sistema tributario municipal, Amparo Marco ha señalado que es evidente que la propiedad inmobiliaria debe seguir siendo la base de la fiscalidad municipal, pero ha añadido que son muchas las propuestas a debate: que la participación de los tributos del Estado se sitúe en torno al 30% de los ingresos municipales (en los últimos años ha decrecido la aportación y se ha de compensar con un mayor incremento de la presión fiscal); reformar el sistema tributario local a través de la eliminación de tributos ineficientes (impuesto de vehículos) o con falta de seguridad jurídica (plusvalías); flexibilizar la regla de gasto y no penalizar a los ayuntamientos que quieran dedicar más recursos a las políticas sociales, y, por último, que se permita utilizar el superávit municipal con más libertad, “no solo para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles ya que se podría dedicar a gasto social o empleo”.
Otras propuestas que ha lanzado la primera edil han sido: mejorar la gestión y racionalizar los costes (de esa manera aumentarán los recursos propios para costear obras y servicios); aclarar las competencias de cada institución y no duplicar los servicios prestados a la ciudadanía; no asumir competencias “impropias” de otras administraciones que no vengan acompañadas de la correspondiente financiación (caso de los Servicios Sociales en los ayuntamientos); repensar para qué sirven las diputaciones ya que reciben el 90 de transferencias del Estado y luego dejan fuera a los municipios de más de 20.000 habitantes; más autonomía municipal a la hora de ajustar la fiscalidad a la realidad de cada localidad y también la tasa de reposición (por ejemplo, policías locales y bomberos); que haya transferencias de otras administraciones no condicionadas o un mayor control de la bolsa de fraude tributario.
Para finalizar, Amparo Marco ha afirmado que “hay que abrir un diálogo entre todas las administraciones implicadas, avanzar en la segunda descentralización y propiciar un pacto de Estado de financiación. La gran beneficiada será la ciudadanía, porque con una fiscalidad más justa tendremos mejores servicios y una mejor calidad de vida”.
Soler pide a los ayuntamientos que se alíen con las comunidades para romper la asimetría vertical en el reparto de recursos
En una línea similar a la realizada por la alcaldesa de Castellón, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha solicitado hoy "que ayuntamientos y comunidades autónomas se alíen para romper la asimetría vertical en el reparto de los recursos en España que impone la Administración central".
Según indica el comunicado remitido por la Conselleria de Hacienda, sobre la participación de Soler, "la propuesta valenciana para modificar la financiación autonómica lo es también para la financiación local, porque lo que plantea es una reestructuración global del reparto de los recursos públicos en España, para acabar con la situación actual en la que la Administración central asigna arbitrariamente a comunidades autónomas y ayuntamientos qué parte de los recursos que recauda les corresponden", ha indicado Soler.
Para el conseller, "ha de haber una proporción entre el peso de las políticas de gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y la financiación que reciben. Y para ello, es necesario primero evaluar el coste de las competencias básicas que tiene cada nivel de administración, de forma que se le asignen proporcionalmente a cada una los recursos que le correspondan".
Según Vicent Soler, "esto supone cambiar el criterio actual de que la Administración central asigna de forma arbitraria a comunidades autónomas y ayuntamientos una parte del total de los recursos públicos que recauda, siendo a la vez juez y parte".
Romper el tabú
"Es necesario romper el tabú de la asignación de recursos que se reserva la Administración central para ella misma. Se ha hecho una distribución de competencias, pero en paralelo no se han hecho los análisis de los recursos que han de acompañar esas competencias", ha indicado Soler.
Según el conseller, "la propuesta valenciana para la reforma del sistema de financiación autonómica es también la propuesta para la administración local, porque defiende que cada administración ha de contar con los recursos necesarios para ejercer la parte de funciones que, como administración le corresponden".
Próximos a los ciudadanos
Según el conseller, "los alcaldes, los concejales y los empleados municipales viven de cerca situaciones de necesidad de los ciudadanos en su día a día: falta de recursos, violencia de género, pobreza energética, etc. Y por ello, los ayuntamientos se han de ocupar de las competencias de los servicios más próximas a los ciudadanos".
"La administración pública en su conjunto no puede funcionar bien sin unos ayuntamientos que funcionen bien. Y para ello, los ayuntamientos han de tener recursos suficientes para atender adecuadamente a sus ciudadanos. En otras palabras, un elemento clave es la reforma global y a fondo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No estamos por una derogación parcial, sino por una profunda modificación y de la mano de la representación de los ayuntamientos, que reside en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", ha aseverado el titular de Hacienda.
"Además, la decisión política del Gobierno central de atar en corto a los municipios en cuanto a financiación, imponiéndoles el déficit cero, y en cuanto al ejercicio de sus competencias, han sido muy negativos y lejos de solucionar la crisis la han hecho aún más profunda", ha indicado Soler.
